Entre los factores de cohesión social más importantes que se han construido en los últimos años, destacan, sin duda alguna, los sistemas de salud que logran dar una amplia protección y certidumbre a sus poblaciones, respecto de que, ante la enfermedad y una eventual pérdida de la vida, contarán con servicios de calidad, atención digna, cuidados paliativos e incluso, asistencia para bien morir. En México estamos muy lejos de haber construido aún las bases apropiadas para hacer frente a los enormes problemas de salud pública que, antes de la pandemia ya eran muy graves debido a décadas de políticas públicas deficientes y presupuestos insuficientes, pero que, a raíz del impacto de esta nueva emergencia sanitaria, se han profundizado y en muchos casos, han hecho crisis.La propuesta que hizo la presente administración ha fracasado. El Insabi no logró consolidarse como un nuevo esquema pertinente de atención. El problema es que no sólo el modelo no funcionó, sino que en el camino ha generado graves consecuencias para millones de personas, y particularmente los más vulnerables, como son las niñas y niños con cáncer. El panorama epidemiológico del país es grave. Por ejemplo, la epidemia de la diabetes continúa creciendo; la reconversión hospitalaria para atender la COVID-19 descuidó y dejó de lado la prestación de servicios médicos de seguimiento, detección temprana y prevención. Lo cual ha llevado a la muerte a muchas personas que no debieron morir, pero también al agravamiento de las condiciones de salud de miles quienes, en el mediano plazo, tristemente estarán enfrentando escenarios de amputación de miembros o la ceguera, por citar sólo dos ejemplos.Lo mismo puede afirmarse respecto de quienes viven con enfermedades de corazón, particularmente las isquemias y la enfermedad cerebrovascular. Ya los datos de mortalidad del Inegi nos han dejado claro el impacto en vidas humanas durante 2020, pero también debe dimensionarse con celeridad la magnitud de los rezagos en la atención de cientos de miles de personas que pueden ver agravados sus padecimientos en los próximos meses y años.Permanecen sin ser atendidos de manera adecuada otros problemas de suma importancia para reconducir al país hacia el bienestar. Entre otros, el embarazo adolescente, cuyas tasas no hemos logrado reducirlas de manera significativa y, ahora que se ha reiniciado la reactivación de la vida social en prácticamente todo el territorio nacional, podríamos estar ante un escenario de tasas nuevamente crecientes.En la misma tesitura se encuentran los severos problemas de salud mental que enfrentamos. Los niveles crecientes identificados en las denuncias por violencia intrafamiliar y delitos sexuales; así como la inacabable violencia que recorre a todo el país, está dejando terribles saldos, además de los problemas económicos y su impacto en la salud emocional de las personas que han perdido empleo, ingresos o incluso parte o la totalidad de su patrimonio.Asociado a los dos factores previos, se encuentran fenómenos como el suicidio y los accidentes de tránsito; los cuales lejos de haber disminuido, siguen una tendencia creciente y que pone en riesgo no solo la salud y la vida de las personas que se lesionan intencionalmente o que se involucran en eventos de tránsito, sino también la salud emocional e integridad física de las personas en sus entornos cercanos, y de terceros que resultan lesionados o que incluso pierden la vida, como es el caso de los peatones atropellados.En junio de 2022 se llevará a cabo la Cumbre de las Américas; evento en el que los Estados de la región reflexionarán y acordarán nuevas estrategias para incrementar la fortaleza y resiliencia de los sistemas de salud. Lo relevante será, que en este foro, México pueda reconocer que estos son asuntos de la mayor prioridad, y que, rumbo al cierre del sexenio, se llevará a cabo lo necesario para avanzar hacia un sistema universal de protección social en el que la garantía del derecho a la salud sea una realidad para todas y todos los mexicanos.
