La agenda electoral nos apabulla. Los intereses partidistas, de grupos e individuales, secuestraron, literalmente, la vida pública del país. Las autoridades en general, desde la Presidencia y hasta los municipios, pasando por las cámaras de diputados y senadores, además de los congresos locales, centran su atención, esfuerzos y la mayor parte de sus estrategias, en la contienda electoral 2024.Este anticipado proceso electoral, que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó y que amenaza con desbordarse, particularmente en Morena, está convertido en un tsunami que distrae la atención de quienes debieran ocuparse de lo que los ciudadanos más reclaman: seguridad, fortaleza de la microeconomía, salud, educación y medio ambiente.Pero no es sólo que los funcionarios públicos están desesperados y ocupados en formar parte de un grupo que se sume a alguna de las “corcholatas”, o que calcule qué posibilidades tienen quienes se “destapan” en las redes sociales, que declare abiertamente su fidelidad y unión a alguno de los liderazgos que pueden ganar elecciones locales; sucede además que el grueso del presupuesto público se condiciona para beneficiar a quienes apoyan a la causa, directa o indirectamente.Se podrían grabar series televisivas con las historias de los alcaldes que no tienen recursos económicos para el gasto público regular y menos para obras importantes, porque sólo pueden ser beneficiarios del apoyo estatal o federal si garantizan su apoyo político para la siguiente elección.Lo más grave es la determinación corroborada por el Gobierno federal y sus aliados en las cámaras legislativas, de aplicar la reforma electoral o el llamado “Plan B”, que cambia cuatro legislaciones que nos regresan a etapas superadas. Es un franco retroceso que encima de todo, es presumido como un triunfo de ahorro económico.En este sentido, el debate que se inició desde que López Obrador comezó su Gobierno es el costo de las elecciones y de los sueldos de los altos funcionarios. Su batalla ha sido inútil para reducir los sueldos de los consejeros electorales como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, los dos grandes “demonios” en su discurso. Y lo mismo pasa con el Poder Judicial y los ministros de la Suprema Corte, igual que sucede con otros organismos y puestos gubernamentales.El punto es que no han podido, con reformas aprobadas y todo, reducir los sueldos que ofenden a la población, pero se pretende reducir el costo democrático en diferentes órdenes con la simple aplicación de la guillotina presupuestal.No existe el razonamiento ni la argumentación. Sólo hay discurso electoral.Ante la preocupación de los consejeros del INE (todos, incluidos los que fueron impulsados por la administración de López Obrador), que advierten la inminente reducción de personal para organizar la elección presupuestal de 2024, la respuesta sigue siendo populista y simplona: se gasta menos.El riesgo se hace más grande conforme pasan las semanas.El proceso electoral se acerca rápidamente y el último “laboratorio” serán las elecciones de Coahuila y el Estado de México.El aparato federal y particularmente el discurso presidencial no aceptan freno ni limitación de las autoridades establecidas.Parece que el país va por una vía en la que sólo importan las elecciones. Todo lo demás es sólo la manifestación de los adversarios que están contra la transformación.
