Durante este sexenio, López Obrador y algunos miembros de su gabinete han pregonado y se han “llenado la boca” sobre el respeto a la libertad de prensa. El 7 de noviembre de 2019, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el marco de la inauguración de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, dijo que “me consta que el Presidente tiene un sincero y firme compromiso con el respeto a la libertad de expresión. Está convencido de que esta libertad es un derecho universal, indispensable para la preservación de la democracia en cualquier nación”. Mientras que el 25 de septiembre de 2020, durante su verborrea matutina el Presidente dijo que “como nunca, la libertad de expresión en México se respeta sin censura de ninguna índole, a pesar, como nunca, de la campaña que se ha orquestado en contra nuestra”. Y el 31 de agosto de 2021 -en un mensaje en las redes sociales y con motivo de su Tercer Informe de Gobierno- aseguró que hay que un respeto absoluto a la prensa y sus analistas políticos: “Jamás atentamos en contra de la libertad de expresión. Democracia, sí; autoritarismo, no… dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos; ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta al presidente, pero no hay represión... se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras”. Cuando estamos a poco más de tres meses de que AMLO se vaya a su rancho -de memorable nombre-, el “cacaraqueado” tema de la libertad de expresión vuelve al centro de la conversación, y como dice el refrán, “para muestra, basta un botón”, con un periodista -que forma parte de esta casa editorial-, como es el caso de Carlos Loret de Mola, quien reveló que es indagado -junto con su esposa- por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que desde el 8 de febrero ha enviado oficios a casas de bolsa y de cambio, bancos y sociedades financieras sobre sus operaciones personales. En las mismas investigaciones se involucra a Víctor Trujillo -el payaso Brozo-, quien junto con Loret de Mola -en la plataforma informativa binacional Latinus- se han convertido en uno de los críticos más agudos de la administración. Sólo basta recordar los reportajes de investigación de los últimos seis meses titulados “El Clan”, donde Loret de Mola desmenuza con grabaciones y pruebas la relación de los hijos de López Obrador -Jose Ramón, Andrés y Gonzalo- con Amílcar Olán, quien ha ganado contratos millonarios relacionados con la compra de medicinas y el Tren Maya, entre otras operaciones.Loret de Mola calificó mediante las redes sociales como “bajeza, una cobardía” por parte del Presidente, “por la persecución y acoso contra periodistas”, y se pregunta, “¿Qué sigue? ¿Hasta dónde quiere llegar el régimen para intentar callarnos? En vez de investigar sus propios escándalos de corrupción, el Gobierno usa de nuevo a las instituciones del Estado para vengarse de los periodistas que documentamos esa corrupción”.De todas las versiones sobre actos de corrupción denunciados -con pruebas- por Loret de Mola y Latinus ninguna ha sido desmentida por Palacio Nacional o la familia de López Obrador -”el que calla, otorga”-. Pero eso sí, se han intensificado las presiones oficiales sobre el periodista y el medio en que presta sus servicios. La salida del aire -por un supuesta pausa de dos meses- del noticiero de Loret en Latinus y las investigaciones financieras del comunicador por parte de la UIF, aparentemente “no son obra de la causalidad”. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde quedó aquello de “ningún periodista es perseguido… Se garantiza el derecho a disentir”? Entonces -¿no que no?-, como usted mismo dijo, señor Presidente, “hechos, no palabras”. ¿Usted, qué opina?daniel.rodriguez@dbhub.net
