Con la detención el viernes de Jesús Murillo Karam –autor como procurador general de la República de la llamada “verdad histórica” de lo ocurrido en el ataque contra los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014–, el reconocimiento del Gobierno de la 4T de que “no hay indicio alguno” de que sigan con vida, que fueron arteramente ultimados y que se trató de un crimen de Estado, se dio por cerrado uno de los episodios que dejó ver con toda nitidez la colusión del narco con autoridades de todos los niveles e incluso con las fuerzas castrenses.Cosa aparte será todo lo que desate el hecho de que la Fiscalía General de la República haya involucrado a Omar García Harfuch, en una reunión a la que convocó Murillo Karam para fraguar la “verdad histórica”.El informe que dio la semana pasada el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas –responsable de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia–, no cambió en mucho las conclusiones del ahora ex procurador preso que a la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador descalificaron.Este funcionario aceptó que todas las pistas señalan al cártel de los Guerreros Unidos, en complicidad con fuerzas de seguridad y algunos elementos del Ejército, como los agresores de los estudiantes de los que sólo se han identificado restos de tres.Nada distinto a lo que hace un año en otro informe dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero a las madres y a los padres de los 43 estudiantes al cumplirse el sexto aniversario de su desaparición, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que en este caso no habría impunidad ni se protegería a nadie, pero tampoco habría juicios sumarios ni linchamientos políticos.Por eso, lo expuesto por Encinas estuvo lejos de cumplir con las grandes expectativas que se habían generado luego de que desde la llegada del Gobierno de la autollamada Cuarta Transformación se echó abajo la “verdad histórica” con la que en su momento se buscó detener, sin lograrlo, todo el desprestigio y desgaste que costó a Enrique Peña Nieto el mal manejo que dieron a esta serie de desapariciones forzosas en apenas su segundo año en la Presidencia. El caso Ayotzinapa, y meses después el escándalo de la Casa Blanca, eclipsaron para siempre el ciclo reformador con el que inició su sexenio y dinamitaron para siempre su popularidad.Así por lo pronto, Ayotzinapa ya no tiene “verdad histórica”, y la “verdad auténtica” no acaba por ser descubierta para dar con el paradero de los restos de los estudiantes y hacer justicia para las familias de las víctimas. Jaime Barrerajbarrera4r@gmail.com
