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No es instrucción, es su responsabilidad

No es instrucción, es su responsabilidad
Qué patético que familiares de las víctimas —los desaparecidos— tengan que sentarse frente a la autoridad y casi suplicarle: “Nosotros no somos enemigos, queremos caminar de la mano con ustedes, trabajar en coadyuvancia, ser escuchados, y no sólo que nos escuchen, sino que haya este diálogo y posteriormente llegar a un acuerdo”.
Esas fueron las palabras Indira Navarro, dirigente del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien junto a otras 32 personas que buscan a sus hijos desaparecidos se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y representantes de las comisiones Nacional de Búsqueda y Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La respuesta de la secretaria de Gobernación fue por demás obvia y acartonada: “La instrucción de la Presidenta a todas las dependencias del Gobierno de México nos dio esa instrucción de atender como una prioridad del Estado el problema de la búsqueda de personas, de personas desaparecidas”. Por lo menos se reunió con ellas y no fueron ignoradas como sucedía en el pasado.
Recientemente, el Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Minnesota publicó un informe titulado “Desapariciones en México”, donde señala que “la crisis de desapariciones se ha desplegado como parte de un patrón mayor de violencia criminal en México, impulsada por las actividades del crimen organizado y el involucramiento, apoyo, o aquiescencia de actores estatales en esas actividades criminales. Las desapariciones ocurren frecuentemente con la intervención directa e indirecta de agentes gubernamentales. Estos actores estatales podrían corresponder a una parte de una red de macro-criminalidad en donde se promueven los fines del crimen organizado. Aun cuando el Estado no esté directamente involucrado con una desaparición, tiene responsabilidad positiva de prevenir y castigar a los perpetradores y también buscar a los desaparecidos”.
En las conclusiones del documento, se destaca que “el contexto de impunidad en México ha contribuido a la crisis de desaparecidos. La falta de información sobre desapariciones es usada para justificar la falta de rendición de cuentas y justicia, un caldo de cultivo para la violencia sin obstáculos”.
Es la responsabilidad del Gobierno asumir la parte que les toca en el asunto de los desaparecidos, no hay que suplicarle que “queremos caminar de la mano con ustedes” y menos que no nos vean como “enemigos”. Es el Estado el que debe brindar seguridad a la sociedad y cuando ésta no existe —como es la realidad en nuestro país— que responda y que no salgan con el sobado argumento que “la instrucción de la Presidenta es atender con prioridad el problema”.
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