Hace décadas que porciones significativas de la sociedad mexicana luchan contra el proceso de militarización del país, con el pretexto de entregarles las tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas.La decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el jueves pasado, rechazando la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), parecía coronar una década de luchas y esfuerzos de la sociedad mexicana para regresar a los militares a los cuarteles y dejar las tareas de seguridad pública en cuerpos totalmente civiles.Pero vaya paradoja, unas horas antes de que los ministros de la Corte fallaran contundentemente contra el uso de los militares en labores que corresponden a cuerpos civiles, el Presidente electo y los integrantes de lo que será su gabinete de seguridad presentaron el Plan de Paz y Seguridad Nacional para el siguiente sexenio. Ahí se anunció una decisión clave que ha sido ampliamente cuestionada en la sociedad, entre ellos, muchos de quienes votaron por el abanderado de Morena.López Obrador anunció la integración de una Guardia Nacional, que se integrará por lo que ahora es la Policía Federal, pero además por la Policía Militar y la Policía Naval. La Guardia Nacional será un cuerpo que pasará a formar parte de las Fuerzas Armadas y que en los próximos años incorporará a 50 mil nuevos elementos, que tendrán formación militar.Este nuevo cuerpo armado será el encargado de la seguridad pública de todo el país y en ese cuerpo se depositan las esperanzas y estrategias del próximo Gobierno para pacificar a México.En este momento la Constitución prohíbe expresamente a los militares desempeñar labores de seguridad pública. La LSI pretendía darle ese marco legal, pero como ya dijimos, la Corte lo rechazó.Pero ahora el partido de López Obrador se apresta a modificar la Constitución mediante una iniciativa que será presentada el próximo martes en la Cámara de Diputados, según anunció el coordinador de los legisladores de Morena, Mario Delgado. Esa reforma permitiría que la Guardia Nacional realice tareas de prevención del delito y además, podría fungir como auxiliar del Ministerio Público.Es una noticia terrible si nos atenemos a las estadísticas de personas torturadas por los distintos cuerpos armados, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016): 88% de los detenidos por la Marina, 86% de los arrestados por el Ejército; y 81% de los detenidos por la Policía Federal dijeron haber sido torturados durante su detención (ver este artículo: https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/11/15/ejercito-y-marina-bajo-la-lupa/).Es decir, se estaría entregando la seguridad pública nacional a un cuerpo de Fuerzas Armadas que viola sistemáticamente los derechos humanos y cuyas recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los acusan de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extraordinarias. No debemos permitir que la militarización se complete en el país, aún así la proponga un Gobierno “progresista”.La propuesta de López Obrador no es sólo una traición a su propia palabra que ofreció retirar a los militares de las tareas policiacas, sino una traición al grueso de sus electores que lo pusieron para el cargo, en buena medida rechazando la guerra y la militarización del país que avanzó los dos sexenios anteriores.
