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Ni tantita madre en Teuchitlán
Ni tantita madre en Teuchitlán
Esperaban a sus hijos con vida, y fue en la calle donde les entregaron sus cenizas en un cofre con el logo del Gobierno de Jalisco. El Estado se comportó totalmente inhumano e insensible.
Corría el año 2013 y siete familias en Lagos de Moreno que habían perdido a su familiar consideraron eso como una burla. Una que le costó el trabajo al entonces titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Marco Antonio Cuevas Contreras.
Los jóvenes: Daniel Espinoza, Gerardo Aguilar, Marco Antonio Ramírez, Rodrigo Espinosa, Ángel de Jesús Rodríguez, Isaías Ramírez y Fabián Ávila, habían desaparecido en julio de ese año. Un mes después localizaron las osamentas de los cuatro primeros. Les realizaron pruebas de ADN y confirmaron que eran ellos.
Luego vino la pifia: las urnas en las que depositaron sus restos tenían el sello del Gobierno de Jalisco.
En aquella ocasión, el titular de Ciencias Forenses, un académico y abogado de prestigio, reconoció que había cometido un error grave y que sólo trataba de enviar un mensaje de apoyo gubernamental. “Pensé que ese efecto podría tener: un mensaje de un Gobierno que está presente, que los entiende, que se compromete, que va con ellos, que los arropa y que se obliga a dar un resultado en la investigación”. Renunció dos meses después.
La lista de omisiones e insensibilidad por parte de las autoridades es larga. Lagos de Moreno es sólo un ejemplo que viene a colación sobre la pésima preparación que tienen nuestras autoridades en el trato a las familias que buscan a sus familiares desaparecidos. Porque han pasado 12 años y la curva de aprendizaje realmente ha ido hacia abajo.
Por eso, lo que ocurrió este jueves en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, es más que grave. Fue un circo, una burla, un show y una mentada de madre. Todos esos son adjetivos de los buscadores a los que Alejandro Gertz Manero dejó plantados. Un día antes, el titular de la FGR decidió politizar el tema al compartir una lista de omisiones de la Fiscalía Estatal y dejar libre de culpa a las autoridades federales que también deben rendir cuentas.
Luego está el gran resbalón del gobernador Pablo Lemus, porque según su fiscal heredado, Salvador González, fue “por sugerencia y en acuerdo con él” que se tomó la decisión de que al recorrido por el que fue un campo de exterminio acudieran no sólo medios de comunicación, sino madres buscadoras, colectivos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros académicos comisiones de derechos humanos y organismos internacionales.
Por supuesto, aquello acabó de la peor manera. Los camiones que habilitaron para ir al rancho se llenaron, los estacionaron a un kilómetro de distancia y, en su desesperación, las madres de desaparecidos burlaron lo que ilusamente alguien creyó que era un cerco de seguridad. Ellas caminaron, entraron al lugar y, con un simple rastreo, encontraron nuevas evidencias que pertenecieron a alguien que vivió sus peores momentos en ese lugar de muerte.
El colmo de la indolencia fue que ni el fiscal estatal ni el federal tomaron en cuenta a las familias. No acudieron. Las ignoraron. Eventualmente comunicaron (vía redes sociales, por supuesto) que ya la carpeta de investigación había sido entregada y ahora es la FGR la que está a cargo de la investigación. La Presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, está más preocupada en dejar claro que Teuchitlán no va a ser su Ayotzinapa. ¿Y la atención a los colectivos de búsqueda?
Luego están las regidoras (¿Por qué tendría que estar Juncal Solano diciendo que “siente que hay una maldad del Gobierno de Jalisco para hacer quedar mal al Gobierno Federal”?) y funcionarios pagados con el dinero de las personas sacando el cobre con una agenda de golpeteo impuesta.
Enseguida, que no es menos grave, están las preguntas hirientes de comunicadores cortos, limitados y sin un ápice de sentido común. “Señor, ¿aquí disolvían a los jóvenes con ácido?”. “¿Cree que aquí encontraron a su hijo?”. “¿Qué mensaje le daría?”. Sólo tres de las perlas que escuchó y compartió indignada la periodista especializada Marcela Turati.
La politización del tema por parte de ambas Fiscalías, la pésima comunicación política que se ha dado al caso, la revictimización a las familias buscadoras y el hecho de que las autoridades que prometieron transparencia simplemente escondieron la cara le dan todo el derecho del mundo a las familias de gritar, llorar y exigir, porque si frente a una cámara hay indolencia del Estado, imaginemos el trato que reciben cuando en el careo sólo hay un “estamos investigando, vuelva la semana entrante”.
Y así, desde Lagos de Moreno hasta Teuchitlán, pasando por un rebasado listado de tragedias que han sacudido a la Entidad, nuestras autoridades locales y federales demuestran que 12 años de distancia no les han dado ni para capacitarse en la materia ni mucho menos para conocer a la tantita madre que les falta y que su labor demanda.
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