Un grito de auxilio lanzaron ayer por enésima ocasión dirigentes de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, asentada en los municipios del Norte de Jalisco, Mezquitic y Bolaños.Se dicen engañados por el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto porque nunca liberó los 25 millones de pesos prometidos para iniciar el pago a los ganaderos nayaritas que ocupan desde hace más de un siglo más de 10 mil hectáreas de sus tierras. Pero lo peor es que el Gobierno de la autollamda cuarta transformación dice no saber nada de ese compromiso para poder procesar las 14 sentencias que les han sido favorables de los 47 juicios abiertos y los mandan con los gobiernos locales de Nayarit y Jalisco donde también se deslindan de cubrir esos gastos.Al Gobierno de Jalisco le reclaman además que en su proyecto refundacional no se vea claro su política hacia las comunidades indígenas. Ven incluso abandono por el hecho de que se hayan cerrado las bases policiales que instaló la Fiscalía hace más de un año en Tuxpan y la Mesa del Tirador, dejándolos prácticamente en la indefensión ante las hostilidades de los ganaderos nayaritas por los problemas de la tenencia de la tierra y la operación de grupos de la delincuencia organizada que han ampliado en los últimos años los cultivos de amapola en esa zona.La atención dada a esta añejísima problemática de la comunidad huichola en nada honra la promesa que hizo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre pasado, que luego de pedir a representantes de los pueblos originarios “purificar” su investidura presidencial, inició su lista de 100 compromisos asegurando que los pueblos indígenas tendrían “atención especial” porque era “una vergüenza la opresión, el racismo que sufren y la marginación”. En su toma de posesión, el 6 de diciembre, Enrique Alfaro también hizo alusión, aunque con menos énfasis, a la desigualdad social que padecen las comunidades indígenas en el Estado, al prometer que dejaría de ser una “agenda abandonada”.Esta no es la primera vez, ni la más grave, que crece la tensión en esta zona del Estado. Habrá que recordar cómo en mayo de 2017 la irritación que causaron los asesinatos de los líderes sociales Miguel Vázquez Torres, último ex presidente de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, y de su hermano Agustín, provocaron que la autoridad tradicional de esa comunidad indígena advirtiera por escrito a la Fiscalía General del Estado que esos homicidios habían sido cometidos por sicarios del narco contratados por ganaderos nayaritas radicales, y donde volvían a manifestar su inquietud de crear, por esas amenazas, grupos de autodefensas, e incluso la posibilidad de un movimiento armado, al estilo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.Hoy se vuelven a prender los focos rojos en la sierra Wixárica que más vale atender antes de que se registre un estallido violento que todos lamentaríamos y que a nadie conviene.jbarrera4r@gmail.com
