Resulta ardua la discusión acerca de si en Jalisco existe o no el cobro de derecho de piso por parte del crimen. Carecemos de información sobre este fenómeno tan complejo. El tema surge tras la reciente declaración de Enrique Alfaro: “En Jalisco no hay cobro de piso y eso es producto de un trabajo muy serio que nos ha permitido que este Estado tenga los niveles de crecimiento económico que tenemos”. Parece muy debatible asumir que la bonanza económica en Jalisco nos protege del cobro ilegal de rentas -y no justamente lo contrario-. Esta precipitada conclusión también omite otro detalle: aquí opera el cártel hegemónico del país. Un empresario, el dueño de una tiendita o un comerciante enfrentan un problema si intentan denunciar el cobro de derecho de piso por parte de criminales porque este delito no existe como tal en los códigos penales. Se trata de una variante de la extorsión. Ocurre cuando delincuentes se presentan en establecimientos o empresas para exigir “cuotas” periódicas para garantizar “protección” a las víctimas o simplemente dejarlos operar. O les imponen la venta de ciertos productos con una comisión. Pero las fiscalías no transparentan cuándo una víctima sufre extorsión en la modalidad de cobro de derecho de piso. Si acaso desagregan la extorsión telefónica, una faceta distinta del ilícito. Es necesario homologar e incluso tipificar el cobro de rentas criminales, pero a la autoridad no le conviene medirlo. Ahora sólo tenemos datos de extorsión en general. En este sexenio ha habido en promedio dos víctimas de extorsión al día en Jalisco, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad. La tendencia se ha mantenido sin cambios significativos. En la página denunciaextorsiones.jalisco.gob.mx sólo se habla de la “extorsión directa”. No hay información ni orientación sobre el cobro de rentas ilegales. Hace dos años escribí la columna “La Chona, Jalisco y el video que a todos indignó”. Allí narré cómo hombres armados golpearon al dueño de una licorería y le prendieron fuego al local en Encarnación de Díaz. El municipio informó que fue una represalia por negarse a pagar derecho de piso. Las recientes privaciones de la libertad de propietarios de casas de cambio y su posterior liberación responden a una lógica que hace suponer la imposición de narcorentas. Pero cómo saberlo si la fiscalía estatal rara vez culmina una indagatoria criminal para conocer el trasfondo de cada caso. En resumen, ¿cómo afirmar o negar la existencia de un fenómeno que no se registra? Sólo tenemos indicios, hipótesis acerca de un delito silencioso, y la declaración del gobernador negándolo todo.
