La fracasada y fallida guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico que tenemos en México desde hace 40 años, intensificada desde la declaratoria de Felipe Calderón en diciembre de 2006, se sostiene en una narrativa que conviene desmontar y denunciar: esta narrativa pretende hacer creer que el Estado mexicano despliega enormes recursos humanos y financieros para “combatir” a las organizaciones del crimen organizado que se dedican a diversos negocios, y que el objetivo es derrotarlos, detener a sus integrantes y hacer que paguen por los delitos que cometieron. De ese modo, se podría disminuir la violencia e inseguridad que acompaña a este tipo de negocios capitalistas ilegales.Pero esa narrativa es falsa, como prueban, cada vez con mayor contundencia, reportajes periodísticos, estudios académicos, pero sobre todo los juicios que se siguen en México y Estados Unidos contra de gobernadores y otros altos funcionarios del poder público mexicano.Ricardo Ravelo, experimentado periodista mexicano, acaba de publicar el libro Los incómodos (editorial Planeta), que se centra cuatro ex gobernadores que ahora están detenidos y enfrentan procesos por cargos graves: lavado de dinero, corrupción, enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Ravelo presenta los perfiles de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, que gobernaron Tamaulipas, César Duarte de Veracruz y Roberto Borge de Quintana Roo.Además de reseñar cómo saquearon las arcas públicas, Ravelo muestra una arista relevante a destacar: todos actuaron en conjunto o complicidad con la delincuencia organizada. Y en el caso de los ex gobernadores de Tamaulipas, se les acusa no sólo de dejar actuar a los cárteles de El Golfo y Los Zetas en ese estado sumido en la violencia, sino en realidad de ser parte de esas estructuras criminales.Ravelo ha reunido los casos que las autoridades de Estados Unidos han presentado en la Corte de Texas contra los gobernadores de Tamaulipas y en testimonios jurados se asevera que Yarrington, era el capo de la droga en esa Entidad.Es un caso semejante a las acusaciones que se han presentado en Estados Unidos en contra del ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, a quien se le señala no de ayudar a un cártel de la droga, sino de pertenecer directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).¿En cuántos más estados de la República se puede afirmar lo mismo? Los gobernadores (o alcaldes, o jefes policiacos o militares) no solamente son sobornados por las organizaciones del crimen organizado, sino son parte de esas estructuras. Basta mirar los casos de corrupción, violencia e impunidad que ocurren en varias entidades para sostener que ocurre lo mismo que en Tamaulipas y que estamos frente a un narcoestado.Ya no estamos ante grupos criminales que cometen delitos que el Estado trata de combatir. No, hablamos de los representantes elegidos en elecciones, que detentan el poder público y que al mismo tiempo son parte de las estructuras criminales.Estas evidencias, cuestionan y derrumban la narrativa estatal construida para justificar la supuesta guerra contra la delincuencia organizada: es pura simulación de un Estado que se sirve del narcotráfico para enriquecerse y para hacer la violencia funcional a sus propósitos. De ese narcoestado no podemos esperar terminar esta guerra. Tenemos qué hacerlo de otro modo.
