La ofensiva emprendida por Morena para sostener que hubo un fraude en la elección por la gubernatura de Jalisco y en otras elecciones municipales, como la de Guadalajara y Tlajomulco, avanza este día en la misma línea estratégica: reunir en un acto a la mayor cantidad de personajes (ganadores y derrotados) su arropamiento a la candidata Claudia Delgadillo González; difusión de videos con aseveraciones para “sembrar” el mensaje y finalmente, un movimiento permanente de simpatizantes que mantienen actividad en redes sociales y el chat de WhatsApp, distribuyendo el mensaje del fraude.Este martes 06 de agosto, a dos meses de distancia de la jornada electoral, Claudia Delgadillo, José María “Chema” Martínez, la dirigente estatal del partido Katia Castillo y alcaldes electos, senadores y diputados electos, convocaron a un encuentro para reiterar su hipótesis del fraude electoral.En el discurso de los morenistas no figuran conceptos como el voto diferenciado; por ejemplo, no se explica cómo el candidato al Senado, Carlos Lomelí Bolaños, encabezó la candidatura más votada en el Estado postulada por el partido. No abordan ni explican el fenómeno de su triunfo en casi la totalidad de los distritos electorales en Jalisco, para la elección de diputados federales.Es casi infantilmente obvio. No se denuncia toda la jornada electoral, pues en ese caso estarían también cuestionando los numerosos triunfos de sus candidatas y candidatos en municipios y distritos.En los diferentes videos que se han compartido en las redes sociales, con un par de excepciones, los mensajes se centran en lanzar advertencias y calificativos. Además de acusar abiertamente a quienes pertenecen o fueron postulados por el partido Movimiento Ciudadano, mantienen un mensaje de tono totalmente electoral, como aquel que insiste en que “la transformación llegará a Jalisco”.Adicionalmente, se asegura que hay un contubernio entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el gobierno del Estado. Incluso, en uno de los videos difundidos se sostiene que el gobierno estatal “compró” al Instituto Electoral al entregarle 219 millones de pesos que se utilizaron, entre otras cosas, para la compra de automóviles en los que, la noche del 2 de junio, se llevaron los votos a lugares donde, sin conocimiento de los representantes de los partidos políticos, manipularon los paquetes electorales y fraguaron un fraude del tamaño del Estado.La explicación suena aparentemente clara. Aunque al someterse a cuestionamientos como el triunfo de muchos otros candidatos y candidatas de Morena, empieza a mostrar bastantes fallas.Por otra parte, es mucho más llamativo el hecho de que ninguno de los mensajes haga un reclamo puntual a la primera instancia judicial donde se presentaron juicios de inconformidad e impugnaciones: el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Ninguno de los actores políticos de Morena y partidos aliados ha señalado públicamente que este Tribunal opera con un solo magistrado, Tomás Vargas Flores, quien al ser magistrado presidente ha dispuesto que Liliana Alférez y Ramón Eduardo Bernal operen como “magistrados por ministerio de ley”, es decir que están en el cargo porque el magistrado Vargas los impulsó.Tampoco reclaman que el Tribunal apenas ha publicado la resolución de dos juicios de inconformidad en un año electoral como este.Pregunta elemental: ¿A dos meses de distancia, por qué no hay información sobre las impugnaciones en el caso de la gubernatura o las alcaldías de Guadalajara y Tlajomulco? La respuesta, con las sospechas que genera la tardanza, interesa a todas las partes, incluyendo a la ciudadanía completa. El retraso en las resoluciones judiciales perjudica a las instituciones públicas y a las próximas administraciones, no solamente al proceso electoral.Sin embargo, la estrategia de Morena sigue una línea única identificable: sembrar la certeza del fraude.
