Jalisco ocupa el segundo lugar en número de personas desaparecidas en el país, sólo después del Estado de México. Hace un mes se presentó el “Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas” de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, y los datos son desalentadores y preocupantes.En Jalisco hay 10 mil 237 personas desaparecidas y los municipios que están a la cabeza de esta estadística son los de la zona metropolitana, es decir, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá, en ese orden, además de Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Tala. El informe arroja otro dato importante: de los reportes de personas desaparecidas desde Jalisco ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se han atendido casi 79% con la apertura de 156 expedientes; en Jalisco, sólo se han iniciado poco más de 40 investigaciones que representan apenas 20%, poco más. Y, terrible en verdad, entre diciembre de 2018 y junio de 2020 se han localizado en varios puntos del Estado fosas clandestinas de las que han sido exhumados 487 cuerpos que representan casi 29% del total nacional; en esto Jalisco también tiene el primer lugar.Con estos datos y en este contexto, de una realidad que es profundamente dolorosa para quienes la padecen de manera directa y que para el resto de la población es muy preocupante, era para que Jalisco estuviera a la vanguardia en los marcos legales que tienen como objetivos y propósitos mejorar las acciones de búsqueda, aplicar esquemas de coordinación, atención a víctimas, certezas y seguridad para los familiares con la declaración de ausencia, sistemas informáticos sólidos y eficientes así como bases de datos y otros mecanismos sobre todo para emprender las búsquedas de inmediato, factor que hace la diferencia para hallar a las personas con vida.Desde 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y entró en vigor el 16 de enero de 2018. A partir de ese momento, los estados de la República disponían de 180 días “para armonizar sus leyes y generar condiciones jurídicas para que la Ley General se cumpla”, según el recuento de los mil días que han pasado desde el 17 de noviembre del 17, que hizo y compartió en redes el colectivo integrado por familiares y especialistas de universidades como el ITESO, a través de su Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J., titulado “Crónica de un proceso equívoco” (ver en @DhITESO en Twitter). Pero en Jalisco, además de que pasó el periodo sin que se hiciera algo, en estos momentos se están tratando de aprobar al vapor y haciendo a un lado a los familiares y expertos, las tres iniciativas de ley que envió Enrique Alfaro en octubre del año pasado.A pesar de promesas de coordinación, diálogo y revisión conjunta, y del trabajo que realizaron los colectivos y los especialistas que incluyen la entrega -desde abril- de observaciones a las tres iniciativas turnadas a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso, que preside Jorge González Arana, el Legislativo sigue ignorando a los colectivos y no sólo eso, el diputado González cuestionó la participación del ITESO y convoca a unas mesas técnicas para observaciones (eso ya se hizo) a unas organizaciones y a otras no, en un franco intento de dividir y excluir y, sin duda alguna, de pasar las leyes sin incluir a las familias ni las observaciones entregadas hace cuatro meses y que son muy importantes para lograr, como los colectivos dicen, “una ley que sirva” y no un marco “infértil” si se deja de lado la experiencia de quienes pasan o han pasado por estas circunstancias tan fuertes y dolorosas.Independientemente de que la ONU reconoce y recomienda la participación de universidades en estos procesos, el ITESO específicamente es una institución que se ha distinguido por trabajar con profesionalismo y profunda conciencia social, en esta y otras causas que tienen que ver con la defensa de los Derechos Humanos. Cualquier trabajo con esta orientación es para agradecer y reconocer, ¿cómo es posible que el diputado González lo critique? El mundo al revés con esta gente. Todo el trabajo de acompañamiento y las propuestas tienen el propósito de aportar para enriquecer el marco legal en esta materia, ¿por qué el desdén? ¿Por qué la negligencia y la falta de respuestas? Es incomprensible.La participación de familiares, especialistas y de los funcionarios a quienes corresponderá aplicar las leyes es fundamental antes de que se aprueben. Como están, presentan deficiencias graves. Los colectivos dicen: “algunos artículos no responden a las particularidades de Jalisco, obstaculizan la búsqueda inmediata, participación y rendición de cuentas; contradicen a la Constitución Mexicana y podrían hacer difícil o imposible el cumplimiento de la ley”. En los mil días que han pasado, han desaparecido en Jalisco cuatro mil 200 personas. La Comisión legislativa está a tiempo de rectificar y el Congreso en pleno. #SinLasFamiliasNo.(lauracastro05@gmail.com)
