Cuando en tu ciudad se ha normalizado tanto la palabra “levantón”, que incluso las niñas y los niños saben perfectamente qué significa; o peor aún, la conocen porque alguno de sus familiares ha sido víctima directa de este término acuñado por la delincuencia organizada, resulta evidente que hay una falla contundente en la estrategia integral de seguridad.Pero como bien lo ha acotado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, nuestra realidad actual no sólo es consecuencia de un pleito entre policías y ladrones. En el pastel de responsabilidades hay rebanadas para Educación, Trabajo, Deporte, Cultura, Legislación, Justicia y muchas más que se acumulan.A todas esas también hay que echarlas en el costal de obligaciones y exhibir sus deficiencias para frenar la espiral de violencia que no da signos de menguar.Por ejemplo: nadie nunca ha echado la culpa a la prácticamente inexistente labor legislativa para anticiparse y castigar las nuevas estrategias del crimen para acechar al ciudadano. Y el muy afortunado Poder Judicial vive en un paraíso de olvido mediático que, de encontrarse con una grabadora, se defiende siempre con la vieja confiable: acá lo que falta es dinero.Por más genérico y gris que sea, cualquier político que salga a las calles a pedir el voto ciudadano deberá atorarle en las buenas y, sobre todo, en las malas. Recibir aplausos por una calle recién pavimentada viene en el contrato, pero atender reclamos y mentadas porque no hay alumbrado, la basura se apila en las calles, las escuelas se caen a pedazos y no hay espacios para el deporte, pero sí para pintar bardas con nombres que a pocos les importan, también es parte de la chamba.Y por eso, porque la violencia se ha encumbrado en Jalisco, es que políticos grises y coloridos se han ganado su respectiva mentada ciudadana. Por eso hay colectivos de desaparecidos que han dejado a un lado sus diferencias para unirse y exigir al Gobierno, al que sea, que haga algo y detenga esta seria crisis que ningún video grabado en una lujosa oficina podrá parar.De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, en el segundo trimestre de 2023 hay 77 de cada 100 habitantes en el municipio de Guadalajara que se sienten inseguros. Entre enero y marzo eran 81, y ciertamente hay una reducción, pero hoy son tres de cada cuatro los tapatíos que creen que serán víctimas de cualquier delito si salen de casa… o incluso en ella.Los habitantes de Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan y Puerto Vallarta, los otros municipios metropolitanos que están en el listado de la ENSU, hoy se sienten más inseguros que hace tres meses. Sólo Tonalá bajó en la estadística, pero tampoco es un gran logro de Sergio Chávez: son 72 por ciento.La gran incógnita es Puerto Vallarta, el otro municipio en la medición del Inegi, que subió de 26.5 a 30.7% en la percepción de inseguridad. Tres de cada 10. Y fue ahí donde asesinaron al ex gobernador Aristóteles Sandoval, donde se llevaron por la fuerza y mataron al empresario Felipe Tomé y donde se ha registrado un grave atentado contra la libertad de expresión al tratar de asesinar a la comunicadora Susana Carreño.Los políticos, ágiles como intentan ser, salieron a celebrar que su estadística se redujo. Pero deliberadamente omitieron destacar que ésta sigue siendo bastante alta y que la encuesta de percepción de inseguridad se ha hecho para tomar decisiones de política pública en esta materia.¿Y acá notamos un cambio en ese sentido? Realmente, no. Cuando el impacto de la tragedia en la que se ha convertido México entero ha permeado a nuestra infancia, poco podemos celebrar y mucho tenemos que exigir para no normalizar la violencia con cifras alegres.Eso, y enviarles su pedazo de este pastel de impunidad a las otras dependencias que actúan por separado porque, citando a un grande de la política local: creen que atender la violencia no les toca.
