Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López transitaban en su coche cuando fueron detenidas en la carretera México-Veracruz. Era el 12 de enero de 2006 cuando una patrulla de la policía les confiscó el vehículo. Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Los consignaron y les decretaron arraigo lo que implicó fueran trasladadas a una casa de la Procuraduría, en la Ciudad de México, ahí fueron confinados por más de tres meses hasta que, tres meses después les decretaron la “formal prisión” por el delito de delincuencia organizada en modalidad de terrorismo. En el juicio penal fueron mantenidos en prisión preventiva por más de 2 años. Fue hasta el 16 de octubre de 2008 cuando fueron absueltos de los cargos y fueron liberados.Historias como estas tristemente se repiten con frecuencia y constituyen un testimonio de la crisis del sistema de justicia en la cual estamos inmersos desde hace décadas. Estos jóvenes nunca se imaginaron entonces que 15 años después su historia se encaminara a ser la base para un cambio jurídico profundo en México. Efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en días pasados condenó a México mediante una sentencia que declaró que el Estado Mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.El caso llevó al análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la ley mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Y la resolución es de enorme trascendencia porque obliga a nuestro país a reformar la Constitución, las leyes y a fijar criterios interpretativos en el orden judicial para eliminar la figura del arraigo y para exigir que la prisión preventiva sea plenamente justificada en cada caso, obligando a eliminar el criterio de la aplicación oficiosa injustificada. La Corte Interamericana ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en el ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de costas y gastos.El Gobierno de México ha sido notificado y “analizará con atención los resolutivos del tribunal interamericano en su resolución para estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones, asegurando el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a sus procesos democráticos”.“El caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y la sentencia que de él se deriva podrán orientar en un sentido positivo las acciones del Estado para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad.De la misma forma, el Estado mexicano refrenda el compromiso para trabajar con las familias de las víctimas en lo relativo a la reparación del daño y garantías de no repetición”.Así México ha perdido un juicio en la Corte Interamericana y ha ganado un enorme impulso para la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Esto significa que habrá reformas a la Constitución, a las leyes y se cambiarán los criterios judiciales. Este caso sienta un precedente fundamental para la protección de la presunción de inocencia y se establecen las bases para que las labores de investigación sean plenamente respetuosas de los derechos de las personas.Es una buena noticia para el sistema jurídico mexicano y un paso adelante para generar cambios efectivos que permitan el acceso más expedito a la justicia. Así que la arbitrariedad sufrida por los hermanos Tzompaxtle Tecpile ha generado un legado de justicia, que levanta una ola de esperanza en la mejora de la aplicación de la ley, en medio de la tormenta de impunidad que nos azota.luisernestosalomon@gmail.com
