El señor Jorge Reyes Mayoral Jáuregui, de 60 años, fue detenido el 23 de agosto de 1977 en su casa en Francisco Sarabia número 98, en el sector Libertad. Su caso es ejemplar a nivel nacional porque se trata probablemente de la única detención-desaparición forzada de la que hay testimonio fotográfico gracias a una imagen captada por un fotógrafo de esta casa editora. La imagen con la detención del señor Mayoral fue publicada en El Informador el 24 de agosto de 1977 en la página 6-A. El fotógrafo cubría lo que parecía un operativo policiaco, pero en realidad se trató de un hecho que forma parte de la llamada Guerra Sucia operada por el Estado mexicano en contra de grupos y personas que consideraba disidentes políticos. En el caso del señor Mayoral Jáuregui, ni siquiera era disidente. Por el contrario. Fue policía municipal de Guadalajara por 30 años y en la fecha de su detención se desempeñaba como subjefe de resguardo del Rastro Municipal, según contó su esposa María Isabel Román a Juan Carlos Núñez en una entrevista en 2004. Su “delito” consistió en ser padre de Rubén Mayoral, un joven militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien ese día estaba de visita con sus padres. A la llegada de la Policía municipal, estatal y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el joven Mayoral logró escapar, pero desde esa fecha su familia ya no tuvo contacto con él. Su hermano Jorge dijo: “Le habían puesto cola y lo venían siguiendo, pero él se escapó y como no pudieron detenerlo, en represalia se llevaron a mi padre que no tenía nada que ver”. Gracias a la fotografía, la familia Mayoral Román pudo identificar a tres de los policías que lo desaparecieron: José Flores, comisionado de la Policía municipal a la DFS; Pedro Azpeitia, agente de la Policía Judicial del Estado; y Gilberto Murillo Villanueva. Otro evidencia más de que la del señor Mayoral fue una desaparición forzada (cometida por agentes del Estado) es que su auto, un Mercury Cougar color verde olivo con placas de California ZBV 371, fue visto parado en la puerta de la XV Zona Militar, en pleno centro de Guadalajara.Ese mismo año, el 15 de febrero, la DFS (que era la Policía política del régimen) montó un extenso operativo en la Colonia El Zapote, en donde detuvo a ocho personas que desde entonces siguen desaparecidas. Entre los detenidos se encuentra Guillermo Bautista Andalón, quien ni siquiera era mayor de edad. A sus 17 años Guillermo formaba parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre, pero no tenía entrenamiento guerrillero, sino que se dedicaba a tareas de propaganda, como la distribución del periódico Madera, que el Gobierno censuró y estigmatizó al grado de perseguir y desaparecer a quienes lo repartían, contó Juan Bautista, hermano de Guillermo.Estas dos historias son dos de los ejemplos de represión, persecución y desaparición forzada de la que echó mano el Estado mexicano para acabar a sangre y fuego a quienes consideraba enemigos del régimen. Y son dos de los testimonios que el lunes y el martes recogieron y escucharon aquí en Guadalajara los integrantes de la Comisión de la Verdad creada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021 para lograr el “esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”.Entre esas dos fechas el Gobierno cometió infinidad de actos de violencia estatal en contra de miles de luchas y movimientos sociales desplegados en todo el país. La impunidad a estos actos de represión que incluyeron el hostigamiento, el espionaje, las detenciones arbitrarias, las torturas, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales está más que documentadas, no sólo en los testimonios de testigos, víctimas y familiares. Hay documentos oficiales que confirman que muchos de los desaparecidos del periodo de la Guerra Sucia fueron incluso registrados por la DFS, como fue el caso de los detenidos en El Zapote en abril de 1977, entre ellos el adolescente Guillermo Bautista, según testimonio de su hermano Juan.Durante muchos años las víctimas de la violencia estatal y sus familias han exigido justicia. Se pide memoria, reparación del daño y garantía de no repetición. Si se hubiera castigado a quienes desaparecieron al señor Mayoral o al joven Guillermo Bautista, muy probablemente no estaríamos parados en la grave crisis de violencia y desapariciones que tenemos en Jalisco y deja a México como el país con más desaparecidos en el mundo. El Estado debe dar justicia a las víctimas y las familias que desde hace décadas han resistido la violencia estatal.
