Todo comenzó el miércoles. Personal del Centro Médico de Occidente de Guadalajara se enfrentó a golpes con elementos del Servicio de Protección Federal adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los videos en redes mostraron cómo enfermeros y médicos expulsaron a patadas a cuatro agentes de la Torre de Especialidades. El zafarrancho fue producto de la indignación y enojo del personal de salud por los abusos y actos de prepotencia -según denunciaron- en las revisiones para ingresar al nosocomio. ¿De qué tamaño es el hartazgo que generó una reacción violenta y la movilización masiva de trabajadores? Porque dudo que el personal médico tenga entre sus ocupaciones, además de salvar vidas, medir fuerzas con custodios federales. La historia no paró allí. Por la noche, diez agentes en tres patrullas arribaron al hospital y se llevaron entre forcejeos a Salvador Godínez, afanador en el área de Pediatría. Un video mostró cuando los uniformados bajaron de un auto al empleado (la escena sacude nuestra memoria colectiva en una Entidad en donde los levantones al estilo del crimen organizado se dan con la complicidad de las policías. Imaginen el terror para los familiares de Salvador). Por más de cinco horas nada se supo del empleado. Hasta que cerca de las dos de la mañana apareció en la Cruz Roja del Parque Morelos, llevado allí por los agentes para realizarle un parte médico. Esposado, lo trasladaron a las oficinas de la FGR acusado por el delito de lesiones; se supo que antes lo “pasearon” por horas en la zona. Durante su arribo, mientras lo esperaban medios y familiares, alcanzó a gritar: “Me golpearon”. Su esposa, Lizeth Ortiz, declaró: “Como estamos, yo pensé que no lo iba a volver a ver”. Todavía tardaron casi dos horas más en liberar a Salvador. El IMSS lamentó los hechos y aseguró que investiga los presuntos abusos policiales. También justificó que jamás hubo una amenaza con un arma de fuego, que las revisiones son apegadas al protocolo y que los custodios están capacitados en “materia de buen trato”. La versión del Servicio de Protección Federal, pródiga en afirmaciones y pobrísima en explicaciones, indicó que el zafarrancho se originó porque una trabajadora se negó a una revisión: “Los elementos agredidos tuvieron un comportamiento ejemplar”, señaló. Sobre Salvador aseguró que lo detuvieron tras agredir a una policía “física y verbalmente”, pero no aclararon cuándo, dónde, por qué y el estatus jurídico del acusado; ocultaron, así, más de lo que comunicaron. El Servicio de Protección Federal fue creado en 2008 adscrito a la extinta Policía Federal para la custodia, vigilancia y seguridad de dependencias del Gobierno federal. Su actual titular es Luis Wertman Zaslav. En 2019, Alfonso Durazo, entonces titular de la SSPC, informó que el Servicio de Protección Federal se fortalecería para cubrir en tres años las 40 mil plazas de custodios que el Gobierno pagaba en servicios de seguridad privada. Desde entonces, el Servicio de Protección Federal recluta elementos de forma permanente en todas las entidades. En 2020 lanzó una gran campaña nacional y cubrió 15 mil puestos. Un custodio gana 11 mil pesos netos al mes más prestaciones. Todo indica que son guardias precarizados, reclutados a mansalva y con procesos laxos. En el IMSS pedían refrescos y otros “moches” a cambio de agilizar la entrada o permitir el ingreso de una cobija. En resumen, un rey chiquito con aires de “policía federal”. jonathan.lomeli@informador.com.mx
