El 1 de febrero de 2019, a solamente unas semanas de tomar posesión, el presidente Lopez Obrador al hablar sobre la estrategia de seguridad provocó una de sus primeras polémicas y creó una gran controversia, cuando se le preguntó si con su gobierno se acababa la guerra en contra de los narcotraficantes. Su respuesta fue, “no hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”.Cuatro años después, después de cientos de toneladas de trasiego que han cruzado la frontera norte, el miércoles pasado la influyente directora de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA), Anne Milgram, lanzó un dardo envenenado desde su comparecencia en el Senado en Washington con destino a Palacio Nacional en nuestra capital: “Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que está causando -se refería a las drogas-. Estos dos carteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco, dominan la cadena de suministro global de fentanilo”. Y exige al gobierno de Lopez Obrador que fije como “su mayor prioridad”, encabezar la lucha en contra de esos grupos delincuenciales.Los hechos en los últimos 51 meses -desde que tomó posesión- demuestran que ‘aparentemente’ AMLO ha seguido al pie de la letra su pronunciamiento de “ya no hay guerra”, confirmado además su histórica frase de “abrazos y no balazos”, y su relación con la DEA ha sido un vaivén de situaciones que no han logrado consolidar acuerdos binacionales y de ahí posiblemente el ‘manotazo’ desesperado de la directora del organismo.Las mayores discrepancias de la DEA con la administración de Lopez Obrador, se remontan al 2020, cuando México suspendió la inmunidad de los agentes extranjeros e impuso límites estrictos a sus contactos con homólogos mexicanos, además de impedirles la entrada al país y por lo tanto dejar de hacer detenciones, bloqueando las actividades de la agencia en nuestro territorio. Sin embargo, en diciembre del 2021, después de varios meses de negociaciones y velando por el “interés y beneficio mutuo”, los Estados Unidos consiguieron que México les extendiera visas a los agentes de la DEA para operar de manera ‘limitada’.Sin embargo, según revelan investigaciones de la agencia de noticias Associated Press (AP) y The Washington Post, en marzo de 2022 la DEA despidió su director en México, Nicholas Palmieri, por estar vinculado con varios abogados que defienden a los narcotraficantes, además de tener otro tipo de investigaciones por parte de la oficina de asuntos internos del Departamento de Justicia, situación que volvió a pender en un hilo la situación de la DEA y su trabajo en este país.Un mes después, México disuelve a la unidad especializada en antinarcóticos que venía trabajando desde hace más de 25 años con la DEA, lo que fue calificado como un “duro golpe” en la cooperación bilateral en materia de seguridad, según comentaron fuentes de la agencia norteamericana a la agencia de noticias Reuters.De acuerdo con informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los ingresos provenientes del negocio de las drogas en los países latinoamericanos - básicamente México y Colombia- asciende a unos 150 mil millones de dólares, lo que representa poco menos de la mitad del volumen mundial.Así que el ‘apetecible’ y extraordinario negocio de las drogas, que no logra ser contenido, donde el papel de México es vital y en donde “resulta muy cuestionable” el trabajo que aplica para combatirlo, según se lee en el libro ‘Cien años de espías y drogas’ de Carlos Perez Ricart -que habla de las luchas encarnadas entre los agentes de la DEA y el gobierno mexicano-, es lo que ha provocado que desde Washington se levante la voz y se pida a gritos a que México lo haga “una prioridad” la lucha en contra del narcotráfico, que “tiene que hacer más” y olvidarse de pregonar aquello de “abrazos y no balazos”. ¿Usted, qué opina?daniel.rodriguez@dbhub.net
