Parafraseando el eslogan favorito del grupo alfarista desde que se le conocía como los Tlajomulco Boys hace una década, el Congreso con mayoría naranja estará hoy “a prueba” cuando acudan a comparecer el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, y el fiscal general del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, sobre lo acontecido en las manifestaciones contra la brutalidad policial por el caso Giovanni en Ixtlahuacán de los Membrillos, que degeneraron en menos de 24 horas, en agresiones a policías, quema de patrullas y desmanes en Palacio de Gobierno, primero, y al día siguiente en una serie de desapariciones forzadas de decenas de jóvenes a manos de agentes de la propia Fiscalía el pasado 4, 5 y 6 de junio. Está convocado también Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien de entrada llega con un informe que concluye que la muerte de Giovanni López se trató de una ejecución extrajudicial cometida por el jefe y al menos otros dos elementos de la Policía de Ixtlahuacán, municipio al que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le acaba de congelar las cuentas bancarias, y tambien a su alcalde Eduardo Cervantes, por sus presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo primero que habrá que ver para medir el grado de apertura o de simulación de la comparecencia es si finalmente se permite o no participar a los diputados y diputadas interesadas en escuchar y cuestionar a estos dos funcionarios, o se les cubre dejando la cita hoy a las 16:00 horas en el Palacio Legislativo sólo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopa), que conforman los y las representantes de cada bancada partidista. Desde luego este último sería el escenario más favorable para Tamez y el fiscal, ya que la Jucopa está dominada por MC y sus aliados del PAN, PRD, y que a juzgar por los últimos acontecimientos buscarían proteger más que hacer una crítica o cuestionar a fondo al principal responsable de la política de seguridad en el Estado y al fiscal del gobierno de Enrique Alfaro por la desastrosa actuación que tuvieron en esas jornadas. Quedarían solamente dos voces opositoras en las representantes del PRI y del PT, pero quedaría también fuera, por ejemplo, la diputada emecista, Mara Robles, única voz que pidió en lo individual y por escrito la renuncia de Solís Gómez luego de las detenciones ilegales del viernes 5 de junio.Lo mejor que se puede hacer en el Congreso es abrir la comparecencia a todas y todos los diputados interesados en participar, para contribuir así a desahogar y destensar la tensión política generada por las desapariciones forzadas. Tratar de blindar a los funcionarios y hacerles una comparecencia a modo sería una muy mala señal y dejaría muy mal parada a la bancada de MC. Podrían encender nuevamente la mecha de las inconformidades de las víctimas y harían un flaco favor al Ejecutivo al que le son cada día más incondicionales y sometidos. jbarrera4r@gmail.com
