La muy “manoseada” reforma judicial -que recorre los Congresos de la República Mexicana en busca de su confirmación- continúa provocando reacciones de oposición a su implementación, bajo el argumento de los daños que representa para la impartición de justicia y del atentado a la democracia. Estas manifestaciones de empleados del poder judicial, de organizaciones de la sociedad civil y de estudiantes, han sido a manera de protesta pacífica, pero con el negativo antecedente de que el martes estas se volvieron violentas a las puertas del Senado.Las protestas pacíficas están dentro de las libertades que la misma ley nos permite y es una reacción lógica de una sociedad que percibe que cambios tan bruscos en los poderes de México y que sea el Ejecutivo quien los controle totalmente, representan un serio riesgo de llevarnos al autoritarismo y que como país nos marginen o nos aislemos de un desarrollo lógico y natural por nuestros recursos, capacidades y situación geográfica.Hoy un gran sector de la sociedad se manifiesta -como sorprendida en algunos casos- de algo que ya estaba anunciado y hasta pronosticado. Parafraseando al Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, era la aprobación de una reforma anunciada -y ya vienen más en las próximas semanas con la mayoría calificada en el Congreso-. Sin embargo, las acciones para impedirlo o pasos preventivos para impedir que fructificaran los proyectos lopezobradoristas nunca se dieron en tiempo y forma. Solo eran voces en “voz baja” que advertían de la amenaza o tema de conversación en grupos sociales, pero no la acción firme para contrarrestar la intimidación y amago que desde Palacio Nacional anunciaba su inquilino.Lo más fácil es recordar lo que sucedió en la última elección del 2 de junio, en donde la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) estaban registrados 98 millones 517 mil 591 mexicanos con elección de votar. Al final del día -en números redondos para no “emborracharnos” con tantas fracciones- casi 60 millones ejercieron su derecho en las urnas -de los cuales casi 36 millones fueron para Claudia Sheinbaum-. Eso quiere decir que 38.5 millones de personas -más de las que votaron por la candidata del oficialismo- no quisieron, no pudieron o simplemente “les valió” emitir su decisión. Yo me pregunto, los que hoy protestan en contra de la reforma judicial, ¿son de los que sí votaron o son parte de los apáticos que ignoraron su responsabilidad ciudadana? Si todos hubiéramos cumplido con el derecho constitucional, posiblemente no estaríamos lamentándonos de los efectos del resultado de una elección y de los daños al crecimiento democrático de un país que merece otro futuro.¿Usted, qué opina?
