El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, aseguró que no hubo fallas en la aplicación del protocolo de la Policía Municipal, cuando el sábado 15 de junio un policía trasladaba, en una patrulla, a una víctima de secuestro. La llevaba para recibir atención y ampliar su declaración del parte médico de lesiones en la Cruz Verde, cuando en la zona del Mercado San Juan de Dios fue alcanzado por un vehículo y un motociclista. Les dispararon cuando estaban en el cruce de las calles Javier Mina y Mariano Jiménez. Tanto el policía como la mujer liberada murieron en el lugar.El policía municipal, Francisco Padilla (55 años), llevaba en la patrulla a Paola Huerta (39 años). Ella había sido rescatada en el Oriente de la ciudad, después de haber permanecido “privada de su libertad” durante tres días. ¿Por qué un policía, en solitario, la llevaba en un vehículo oficial a ampliar declaración? Aparentemente le habían dado instrucciones en ese sentido.Así, al iniciar la semana, la Policía Municipal de Guadalajara perdió a otro de sus elementos. Aunque el alcalde Ismael del Toro sostenga públicamente que no se saltaron las reglas, es más grande que la Catedral la evidencia del error cometido: ¿un solo policía llevando a una víctima de delito federal a ampliar declaración?Y otra cuestión obvia: ¿cómo se enteraron los sicarios de que en esa patrulla viajaba una víctima que según lo públicamente reconocido había estado secuestrada durante tres días?Este trágico suceso revela la urgencia de reorganización en las policías municipales.Naturalmente, no es posible una lectura igual para el desempeño de las policías de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá. Son corporaciones muy distintas en recursos, personal y capacidades. Pero las coincidencias son alarmantes: justo a unos días de que arriben a Jalisco más de tres mil miembros de la Guardia Nacional, los alcaldes metropolitanos no han definido qué modelo de policía se establecerá en la ciudad con sus 10 municipios conurbados.La corrupción es evidente. A diario se presentan hechos en los que es clarísima la acción del crimen organizado que está incrustado en las corporaciones policíacas.Entre los puntos pendientes que no se han solucionado a pesar de los acuerdos políticos, está la homologación de salarios. En ese tema, desde la anterior administración de Aristóteles Sandoval, sencillamente no hubo voluntad política para la aplicación de recursos.Y si los policías de los municipios quedarán obligados a un desempeño más estricto para estar a la altura de lo que marcarán la Guardia Nacional y los próximos mandos de origen militar, lo más probable es que no tengan alicientes ni estructura para cumplir sus obligaciones.En otras palabras, de seguir las cosas como están, las policías de los municipios seguirán siendo objetivos de fácil infiltración por parte del crimen organizado.¿La Guardia Nacional y sus mandos aceptarán a las policías y trabajarán con ellas? ¿O vamos directo a una confrontación?Lamentable pero cierto: es más fácil que las cosas se agraven.
