Los desencuentros entre gobernantes y medios de comunicación, tanto a nivel nacional como en diversas entidades de la República, han ido in crescendo en los últimos meses. La molestia hacia la prensa, de parte de quienes detentan el poder político, se exterioriza con menos recato, paradójicamente en una coyuntura de auténtica alarma por las agresiones y asesinatos de periodistas.Un ejemplo es la exhibición pública que hizo el presidente López Obrador, de los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, que viola disposiciones constitucionales (artículos 6 y 16) y de ordenamientos diversos (entre estas la Ley General de Protección de Datos Personales); así como la andanada contra Carmen Aristegui, quien cometió el pecado de difundir un reportaje sobre las casas que ocupó uno de los hijos del mandatario en Houston, Texas; lo cual le valió ser defenestrada del santoral de los seguidores de la Cuarta Transformación.Estos ejemplos de descalificación con escasa categoría, no sólo los hemos visto desde el púlpito de la conferencia matutina, sino también con mandatarios como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Daniel Ortega, Rafael Correa o Nicolás Maduro y a nivel local, en los Estados y Municipios de la República.En este contexto, se multiplicaron en redes sociales los improperios a comunicadores opositores al Régimen de la Cuarta Transformación. Términos como “chayoteros”, “buitres” o “mercenarios” los cuales se endilgan a rajatabla, alimentando un discurso de odio que es de cruda impertinencia si consideramos que se vive el peor momento de la violencia hacia los periodistas en México.Algunos de esos usuarios cuestionan si los medios de comunicación supuestamente son el contrapeso del poder, entonces ¿Quién o quienes son el contrapeso de los medios? Con estas palabras, apoyan el hecho de que un presidente sea quien plante cara a los comunicadores.¿Realmente necesitan los medios de comunicación un contrapeso? Por supuesto que sí, pero no son los gobernantes, sino las audiencias, o la misma prensa, siempre en un marco de legalidad. Diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (como la del caso Palamara Iribarne Vs. Chile), destacan que en una sociedad democrática los funcionarios públicos deben tener una mayor tolerancia, apertura a la crítica y admitir un escrutinio “más exigente”, pues se trata de personajes voluntariamente públicos.La Convención Americana sobre Derechos Humanos considera como discursos especialmente protegidos, los relativos a funcionarios públicos (de elección popular o designación como secretarios de estado o impartidores de justicia). También los asuntos políticos y de interés público. Huelga decir que aquí entran los posibles conflictos de interés en sus diversas modalidades, por supuesto con sus ramificaciones familiares que requieren ser investigados para otorgar certeza en una sociedad democrática.En el “Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, de 1994, se especifica que están protegidas tanto “las expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos”.Es la sociedad la que tiene la última palabra. Son los lectores, televidentes, radioescuchas o internautas, quienes integran el legítimo “contrapeso” de los medios de comunicación. Los gobernantes y sus colaboradores no están para desmentir, ni mucho menos calificar y desaprobar el trabajo de las y los periodistas con epítetos, ni ejercicios como “Quien es Quien en las Mentiras”. Ese no es su rol, sino que más bien están obligados a procurar que haya condiciones idóneas para el ejercicio del periodismo, lo cual, buena falta hace en este país.Los funcionarios, no solo pueden, sino que están obligados a responder y aclarar a las acusaciones relativas a temas de interés público, pero siempre en un marco de mesura y no de ásperas frases de descrédito. Si no están conformes con lo que los medios publican, también existen los mecanismos para ejercer el derecho de réplica a través de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución, de la cual, los medios, las agencias y los productores independientes son sujetos obligados. Aquí hago un paréntesis para reiterar lo inconveniente de las excesivas disposiciones civiles sobre difamación o daño moral, que se han convertido en un factor que inhibe el ejercicio de la libertad de expresión por temor a sentencias millonarias.Volviendo al tema que nos ocupa, muchos podrían rebatir, y con razón, que no siempre las audiencias están al tanto de las verdaderas motivaciones de grupos de interés, empresariales o políticos, que financian a ciertos medios o reportajes. No soy ingenuo, por supuesto que eso existe y en muchas ocasiones con intenciones oscuras. Pero también estoy convencido que las y los ciudadanos nos han demostrado que tienen una amplia capacidad de discernir. Una muestra de que la sociedad ejerce su papel de contrapeso a la prensa, es que en el proceso de descrédito que sufren diversas instituciones políticas, religiosas o empresariales, no están exentos los medios de comunicación. Las audiencias han ido abandonando paulatinamente a ciertos periódicos, canales de televisión o estaciones de radio. En 2012 el 44 % de los consultados en una encuesta de la empresa Parametría, afirmó que tenía poca o nada de confianza en los noticiarios de televisión. En 2017, los que no confían en noticieros aumentaron a un 83%. Alex Grijelmo, también en 2017, señalaba que algunos de los grandes medios tradicionales han ido perdido influencia y lo calificó como un fenómeno de “desprestigio de los intermediarios”.Y por supuesto, otro contrapeso fundamental de la prensa, son los mismos medios de comunicación. Tanto los sitios digitales de Fact Checking (verificación de noticias falsas), como el papel que realizan algunos periodistas y columnistas al contextualizar y desenredar las madejas para seguir el hilo de los grupos fácticos, que en ocasiones mecen la cuna de algunas investigaciones periodísticas. Ambas prácticas deben de incrementarse.Mención aparte merecen los instrumentos de autoregulación como los Códigos de Ética, los estatutos de la redacción, manuales de estilo, defensorías de las audiencias. Y hay otras medidas poco vistas en México, como los botones digitales para denunciar errores o imprecisiones en las noticias publicadas o los micrositios de transparencia, donde los medios exponen claramente a la sociedad, quienes son sus patrocinadores. Esta última sería disrruptiva, sin lugar a dudas.En conclusión, la respuesta a la pregunta inicial, es SÍ. Los medios de comunicación necesitan contrapesos: audiencias críticas, prensa que observe el trabajo de sus pares y sólidos mecanismos de autorregulación. Pero nunca será admisible que los gobernantes abonen a un discurso de odio contra quienes desempeñan uno de los oficios más peligrosos y precarizados. Descalificar a periodistas, sean o no santos de nuestra devoción, no es un ejercicio de contrapeso, sino un abuso de poder.*El autor es profesor de la Universidad de Guadalajara en el Sistema de Universidad VirtualTwitter: @julio_rios
