México puede vivir perfectamente sin las disculpas de España por la Conquista y con un Presidente abucheado por meterse donde no le toca (estamos muy acostumbrados a eso) pero no podemos darnos el lujo de vivir sin una idea clara de qué queremos y a dónde vamos en materia de educación. La reforma educativa que se discute en San Lázaro es con mucho lo más importante de lo que ha sucedido en estos primeros días del Gobierno de López Obrador y de lo que ahí suceda depende en gran medida el futuro de las siguientes generaciones. No es que no se pueda abrogar, como está sucediendo con la de Peña, sino justamente porque no podemos darnos el lujo de hacer reformas en educación cada seis años porque esa es la mejor manera de asegurar que nada suceda y eso es lo peor para los niños.La llamada reforma de Peña tenía muchísimos defectos, fuimos varios los que señalamos que era una reforma hecha y pensada desde un escritorio de la Ciudad de México y con un gran énfasis en la parte laboral y no en la educacional, pero tenía una gran virtud que no debemos perder: el sujeto del derecho a la educación es el niño. No los mexicanos, no los maestros, no los padres de familia ni siquiera los niños en plural sino el niño como individuo y futuro ciudadano. Todos y cada uno de los niños merecen esa educación sin importar el lugar de nacimiento, condición social o limitaciones.El verdadero avance de la nueva reforma es reconocer la pluralidad del país y por lo mismo la diversidad de necesidades en educación. La educación que requiere un niño indígena en Chiapas o Oaxaca no se parece en nada a la de uno de Monterrey o Tijuana. Lo que sí es que ambos merecen la misma calidad. Por lo mismo, las habilidades que requiere el maestro de la zona Norte del país son totalmente distintas al maestro de una zona indígena. Desvincular de manera temporal la evaluación de la permanencia es para muchos un retroceso, para otros simplemente justicia. Lo importante en todo caso es entender que no todas las zonas del país requieren los mismos maestros con las mismas habilidades.El otro irrenunciable es que la educación es una obligación del Estado y es éste quien tiene la rectoría sobre los procesos administrativos y de gestión. Dicho en otras palabras, el Estado y solo el Estado debe decidir quién tiene una plaza de maestro y cuáles son las condiciones para ello. Tan reprobable es que los sindicatos, sea el SNTE o las CNTE decidan sobre ellas como que algún funcionario de Gobierno las venda corruptamente. Ambas cosas son inaceptables y eso debe quedar fuera de cualquier negociación.(diego.petersen@informador.com.mx)
