Si ayer planteé aquí los altos riesgos que en México implica el ejercicio periodístico, un escenario similar padecen los defensores y activistas de derechos humanos que son también víctimas frecuentes de los poderes oficiales y fácticos.Este lastre quedó nuevamente en evidencia en tierras jaliscienses con la desaparición y muerte el fin de semana pasado de Higinio Trinidad de la Cruz, quien a sus 44 años estaba convertido en uno de los más notables defensores de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán y de sus tierras, que desde hace décadas les quieren ser despojadas por ser ricas en yacimientos de hierro.Desde la década de los noventa, comunidades como Las Pesadas, en el municipio jalisciense de Cuautitlán de García Barragán, que colinda con el municipio de Minatitlán, Colima, ya sufrían el acoso de los intereses de la mina Peña Colorada, que fue privatizada y ahora pertenece a la firma extranjera ArcelorMittal. Había historias que hablaban de francos intentos de exterminio, como la distribución de alimentos envenenados para acabar con esas comunidades y explotar sus tierras sin compartir las ganancias con los ejidatarios y comuneros.Liderazgos que antecedieron el trabajo de Higinio, como el también desaparecido desde hace 12 años, Celedonio Monroy, o el de Santos Chávez, quien fue encontrado sin vida en su camioneta desbarrancada luego de ser privado de la libertad por hombres armados en octubre de 2012, fueron conquistando contraprestaciones de la minera pese a sus fuertes resistencias de pagar lo que corresponde a esas comunidades indígenas.Al menos desde hace dos décadas, funcionarios y agentes de la entonces Procuraduría General de la República reconocían en privado que se empezaba a dar una especie de colusión entre las empresas mineras y grupos del crimen organizado para intimidar a estos líderes y callar sus voces en defensa de su territorio.Toda esta estela de crímenes hace que adquiera mucho sentido la denuncia y exigencia de Eduardo Mosqueda, director del colectivo Tsikini, de que se investigue al gobierno y la policía de Cuautitlán, que habría participado en la privación de la libertad de Higinio el viernes pasado cuando acudió a la Presidencia Municipal, y fue sacado por uniformados por la puerta trasera, hasta que lo encontraron muerto a la orilla de una carretera cercana a la cabecera municipal.Piden que tanto el Gobierno federal como el estatal indaguen sobre los posibles nexos de complicidad de esta autoridad municipal con las empresas mineras y grupos del crimen organizado, que pudieran estar dando vida a una no tan nueva alianza criminal para seguir con la explotación depredadora sin límites de los yacimientos minerales en esa zona, que son enviados en medio de una total opacidad a los países de Oriente desde el puerto de Manzanillo, infiltrado también por las mafias.Por todo este contexto, las autoridades nacionales y locales están obligadas a esclarecer estos crímenes y sus móviles que apuntan a esta complicidad criminal.
