La justicia facciosa aplicada por el juez décimo de control, Felipe Rivera Gallegos, caerá hoy por su propio peso, cuando seguramente serán liberados de la injusta prisión preventiva que les dictó el jueves pasado a los jóvenes estudiantes Javier Armenta Araiza, ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Ilich Cisneros González y José Rojas Umazor, quienes en marzo de 2021 hicieron un plantón permanente en un predio de Huentitán que era propiedad del municipio de Guadalajara, para protestar por su entrega a una empresa constructora. Esta manifestación concluyó tras casi 150 días, cuando en agosto del 2021 fueron desalojados por policías estatales y acusados por despojo en la Fiscalía.Ya nada ni nadie reparará el daño que les significó a estos muchachos haber pasado todo el fin de semana pasado tras las rejas en el penal de Puente Grande, donde por cierto ayer murió a golpes un reo. Pero sin duda estas cinco noches encarcelados por consigna, en estas frías y peligrosas celdas, producto de la sumisión del Poder Judicial de Jalisco al Poder Ejecutivo, provocará que el ex líder estudiantil y sus dos compañeros salgan enaltecidos del Reclusorio Preventivo.Paradojas de la política y del poder, en su última fase de aliados políticos que terminó en el 2021, cuando el alfarismo no cuestionaba el cacicazgo que ahora reclama al grupo UdeG que lidera el ex rector Raúl Padilla López, el ex presidente de la FEU, José Alberto Galarza Villaseñor, mejor conocido como “El Rojo”, fue colocado como suplente en la primera fórmula del senador y ex líder nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, a quien le tocó sustituir en su curul por casi dos años. A Armenta, que le tocó ser presidente de la FEU en tiempos de pugna y rompimiento entre Alfaro-Padilla, le tocó cárcel. Por los excesos e irregularidades en este juicio, que iniciaron con el conflicto de interés por el que debió excusarse del caso el juez Rivera, al haber sido su esposa María Cristina Domínguez, como regidora, actora en la pérdida patrimonial de la ciudad que implicó donar este predio que sería un parque en Huentitán, múltiples voces de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y estudiantiles de todo el país, reprobaron estas arbitrarias detenciones. Incluso al interior mismo del emecismo, el alcalde tapatío, Pablo Lemus, y el senador Clemente Castañeda, pidieron ayer que los jóvenes detenidos fueran liberados para enfrentar su proceso en libertad.Por eso ayer también el gobernador Enrique Alfaro (quien en 2016 siendo alcalde tapatío destrabó este proceso de privatización iniciado en 2008, bajo el argumento que había renegociado mayores contraprestaciones en beneficio de la zona, por cierto, incumplidas hasta hoy por los particulares) no tuvo otra alternativa que salir a pedir lo mismo que sus correligionarios y opositores.Así, el ya prolongado pleito entre el Gobierno estatal y el Grupo UdeG inicia este 2023 con una batalla más, que por donde se le vea le trajo, al igual que el pleito por la FIL en diciembre pasado, más perjuicios que beneficios al bando alfarista.jbarrera4r@gmail.com
