Tanto el Gobierno federal como los Gobiernos estatales, como el de Jalisco, que han sido salpicados por el canto de la Guacamaya al ser referidos en las graves revelaciones que se siguen conociendo por el hackeo de millones de documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de los presuntos vínculos de políticos de alto nivel con grupos del crimen organizado, parecen seguir aturdidos y como paralizados al evadir o no responder de una manera contundente que los libre de esos señalamientos.Un ejemplo de ello es lo ocurrido ayer, justo a tres años del bochornoso episodio del fallido operativo militar del 17 de octubre de 2019 en el que tuvieron que soltar al aún prófugo Ovidio Guzmán por instrucciones presidenciales, conocido como “El culiacanazo”, y que por cierto también aparece en los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya.Visiblemente molesto porque el escudo de preguntas de sus periodistas a modo ya no resistió y dejó pasar por fin un verdadero cuestionamiento de los presuntos nexos con las mafias de funcionarios que fueron designados por el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando fue gobernador de Tabasco y que se mantienen en aquel Gobierno estatal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a defender a su funcionario diciendo que era “un hombre honesto”, y luego embistió contra la reportera de Proceso que le hizo la pregunta y contra el resto de los medios que le son incómodos, para dar por terminada su rueda de prensa y evadir así el tema.Mas tarde, el propio secretario de Gobernación tuvo que responder al delicado caso de la negativa del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de acudir a la Cámara de Diputados para que compareciera ante la Comisión de la Defensa Nacional, que encabeza el panista Ricardo Villarreal, para tratar el hackeo que sufrió la institución que encabeza.El titular de la Segob negó que el General secretario se niegue a reunirse con las y los legisladores, pero aceptó que el jefe militar pidió que el encuentro se diera en la sede de la Sedena y no en San Lázaro, por considerar que la Comisión legislativa no era el organismo ante el cuál debía rendir cuentas.Luego culpó al diputado de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Sergio Barrera, como secretario de la Comisión de la Defensa Nacional, de haber enviado una carta en la que le dicen al secretario de la Defensa que bajo ningún motivo irían a las instalaciones militares, lo que consideró “un desaguisado”, que hizo que el titular de la Sedena cancelara la reunión.En esa ofuscación, el secretario de Gobernación hizo añicos la narrativa del Gobierno de Jalisco de que en materia de seguridad se va por la ruta correcta, al señalar que nuestro Estado, junto con Guanajuato y Michoacán se han convertido en el “paraíso de la incidencia delictiva”.Habrá que ver cuál es la respuesta del gobernador Enrique Alfaro a esta descalificación, quien por cierto, nada ha dicho tampoco de lo revelado en los reportes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en el que un elemento de la Policía de Guadalajara, identificado sólo como “El Tapatío” y que podría seguir en activo, fungía como enlace de los líderes del cártel Nueva Generación (CNG), específicamente de Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1” y autoridades federales, estatales y municipales.
