En 2020 inició la década de acción para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en ese año debían adoptarse acciones más ambiciosas para alcanzar esos objetivos en los años siguientes. Sin embargo, la pandemia del COVID 19, obligó a los gobiernos a adoptar acciones extraordinarias para hacer frente a la emergencia y los retos que la han acompañado.Organismos internacionales, como CEPAL, el BID y la OCDE estiman que la pandemia ha afectado los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030, incluso, en algunos de sus objetivos, se han dado retrocesos, como en el combate a la pobreza y la educación. Desafortunadamente, al tiempo que transcurre la pandemia, otros desastres, como huracanes, sequías y terremotos siguen ocurriendo, poniendo a prueba los sistemas de respuesta y la resiliencia de los países. Entre los 17 ODS encontramos uno que resulta indispensable para lograr avances en la implementación de los otros 16 objetivos, el número 16, “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas e instituciones sólidas” para la reducción de la corrupción y la creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. La transparencia, la rendición de cuentas acompañadas de un sistema de integridad son indispensables para garantizar que las acciones que los gobiernos emprendan, tanto para hacer frente a la pandemia como para consolidar los progresos en el cumplimiento de los ODS con eficacia y eficiencia. Estos temas fueron parte de la agenda de la segunda Conferencia Internacional sobre el ODS 16 en la que participó la ASF: “El ODS 16 como mapa de ruta para responder al COVID-19 y reconstruir mejor”, organizada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) y el Gobierno de Italia. Una de las conclusiones de esta conferencia es que las emergencias tienen una ventaja y una desventaja. La desventaja es que incrementan los riesgos de integridad y corrupción. La ventaja es que nos obligan a innovar, a pensar fuera de la caja, para dar una respuesta a una situación extraordinaria. La pandemia de COVID-19 evidenció la relevancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las respuestas a la emergencia y la recuperación. Las Entidades de Fiscalización Superior, conscientes de la importancia de la fiscalización en momentos de crisis, debimos adaptarnos rápidamente y hallar nuevas maneras para continuar con nuestras actividades. Ante ello, ajustamos nuestros planes y métodos de trabajo, e, incluso, generamos nuevas herramientas. Por ejemplo, en la ASF nos dimos a la tarea de ajustar nuestro plan anual de auditorías, aprovechar experiencias previas en la fiscalización de otros desastres y acelerar nuestros procesos de digitalización, creamos el Buzón Digital para auditar “a distancia” y fortalecimos el análisis de datos. En nuestra región latinoamericana, EFS con atribuciones para realizar auditorías “en tiempo real”, como la de Perú, establecieron un programa de control para contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de sus gobiernos. Otras, como la de Chile, optaron por usar de manera intensiva la tecnología y utilizar datos para planear sus auditorías, el análisis de datos ayuda a auditar más y mejor y con menos recursos. No existen soluciones mágicas e inmediatas para los retos que nos plantea la consecución de la Agenda 2030 y la pandemia de COVID 19, sin embargo, la transparencia, la rendición de cuentas, la colaboración entre todos los sectores, compartir y replicar buenas prácticas y la utilización de las nuevas tecnologías, nos ayudarán a enfrentarlos de manera integral y coordinada.
