No se había visto en muchos años en la Cámara de Diputados un proceso legislativo más sórdido, deshonesto e inmundo que el que se vivió la tarde del pasado martes 6 de diciembre, el cual seguramente pasará a la historia como uno de los actos más indignos y denigrantes para el Poder Legislativo, que fue rebajado a una oficina de trámites para cumplir los deseos del Ejecutivo, suprimiendo la División de Poderes que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y coaccionando a diputados de la manera más degradante posible. Todo lo anterior, motivado por la polémica iniciativa de Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha generado además una serie de inconformidades y movilizaciones de norte a sur del país habiendo tenido su culmen con la multitudinaria marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se suscitó el pasado 13 de noviembre cuando alrededor de un millón de mexicanos tomaron las calles para protestar por lo que consideran es un atentado a la democracia aún prevaleciente en nuestro país, y otra marcha más el 27 de noviembre pasado, para mitigar en la medida de lo posible el orgullo dañado del Presidente, quien convocó a la que fue llamada por sus adversarios “La Marcha de la Revancha”, por obvias razones. El asunto es que por más que Andrés Manuel intentó “persuadir” a diputados de la oposición, con bastante anticipación sabía que no alcanzaría la votación requerida para modificar la ley como pretendía, de tal suerte que urdió un “Plan B”. La muy controvertida iniciativa -la original-, fue sometida a votación y rechazada por la oposición, siendo que por tratarse de una reforma constitucional requería de la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes en el recinto legislativo, 330 votos para ser exactos, y como ya se elucubraba no fueron suficientes los sufragios de Morena y sus aliados, quiero decir, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).Sin embargo, la soberbia del mandatario tabasqueño no iba a permitir que los periódicos del día siguiente publicaran a ocho columnas su fracaso, de ahí que movilizó todo lo que fuese necesario, incluido al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que entregara el tan anunciado dictamen con el “Plan B”, que ahora sabemos, contiene graves faltas y errores que necesariamente tendrán que ser subsanadas.Con los errores encontrados al documento, quedó en evidencia lo que muchas voces refieren, que los personajes que integran la Cuarta Transformación y más aún, los que se ubican en el primer círculo del Presidente carecen de conocimientos y experticias como para generar un dictamen a la altura, y adecuadamente sustentado. Lo cierto es que la orden expresa de Palacio Nacional fue que se presentara el documento el mismo martes para evitar la humillación y el descrédito en los medios de comunicación y así ocurrió. Ningún personaje del oficialismo reparó en el rosario de ilegalidades y canalladas, que se estaban cometiendo, habiendo observado uno de los manejos más desaseados de que nos ha correspondido ser testigos como mexicanos en la Cámara de Diputados. El dictamen, que también ya ha sido confirmado, fue objeto de una negociación de último momento por legisladores del PT y PVEM, se presentó al pleno con dispensa total de trámites y términos, sin pasar a comisiones, y sin que se le diera espacio para su revisión. Me atrevo a asegurar que ningún diputado de Morena, PT o PVEM conocía el documento completo que se sometería al pleno y mucho menos alguien de la oposición. De hecho, ni siquiera tuvieron oportunidad de “no cambiarle ni una coma” -como se los mandata el Presidente-, sino que esta vez incluso la votaron a ciegas porque la instrucción de Palacio Nacional fue tajante en el sentido de que se le diera trámite con carácter de urgente. Los representantes de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y MC, que presentaron mociones pidiendo y exigiendo se regresara el dictamen para tomar los cauces normales del proceso, fueron olímpicamente ignorados y todas sus propuestas desechadas. De manera que el documento fue obedientemente aprobado en el Congreso de la Unión por los diputados de Morena y sus aliados, puesto que en esta votación no se requería la mayoría calificada.El “Plan B” no sólo “toca al INE” sino que “lo modifica a machetazos”, según alertó el ex presidente del propio órgano electoral Luis Carlos Ugalde, toda vez que dijo, plantea compactar al Instituto Nacional Electoral de forma excesiva por medio de la reducción de seis direcciones a tres, la fusión de las responsabilidades cumplidas por cinco funcionarios en sólo un puesto que se ocupará de las 300 oficinas distritales que hay en el país. Estos cambios, comentó, se deben cumplir antes del 1 de agosto, lo cual complicará la situación que hay en el INE. “Ahora el Gobierno va a poder y decir lo que fuera”, dijo.Explicó que otra de las medidas estipula que los partidos en alianza puedan transferir votos, de tal manera que cuando una fuerza política no alcance el mínimo de sufragios pueda pedirle a otro que le brinde los necesarios. Se ha dicho que se corregirán los errores. En tanto en el Senado ya se advirtió que se respetarán los procesos y se revisará detalladamente en comisiones. Es decir que no habrá “fast track” como en el Congreso de la Unión.Ojalá, como lo ha ofrecido el Coordinador de los Senadores de Morena, cumpla su palabra y se impida cualquier transgresión al órgano electoral; que se anteponga el bien de México y que ningún senador de oposición traicione a su partido. Ya se verá qué tanto se corregirá y cuál será el real daño que se le habrá de ocasionar al INE, que finalmente, ese es el objetivo de Andrés Manuel López Obrador, atacar y destruir al órgano electoral para, como lo han hecho algunos de sus más apreciados y queridos amigos mandatarios, deshacerse del árbitro vigilante de la democracia con el fin de prolongar sus mandatos o perpetuarse en el poder como ha ocurrido con Daniel Ortega en Nicaragua; Fidel Castro y Miguel Díaz-Canel en Cuba; Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela; Evo Morales en Bolivia, y Pedro Castillo en Perú, este último que ahora mismo se encuentra detenido por intentar un autogolpe de Estado, seguramente también con perversas intenciones. opinión.salcosga@hotmail.com
