El gobierno de la Cuarta Transformación está en pleno proceso de metamorfosis. Del discurso original del presidente Andrés Manuel López Obrador y la estructura de gobierno que diseñó para llevar a cabo sus ambiciosas reformas en todo el país, se transita rápidamente a un método circunstancial y más o menos desordenado en el que están aflorando más las pasiones humanas que las líneas de trabajo apegadas al ideario que se conoció del Andrés Manuel candidato y después, presidente electo.Un análisis mucho más detallado del que permite un espacio como este merece cada una de las secretarías del Gobierno federal. Desde hace tiempo, el presidente se ha resistido a hacer cambios que los expertos y la evidencia exigen; queda claro que para muchos titulares del gabinete el reto los superó casi desde el inicio de la administración.Por otra parte, una de las figuras novedosas en el ejercicio de la Cuarta Transformación y que más repudian los gobernadores, es la del delegado de programas sociales, más conocido como “superdelegado”. Unos más, otros menos, pero literalmente ya entraron en crisis y lo más sano sería que la Presidencia de la República revise a fondo si conviene mantenerlos.Dos casos llaman la atención en los últimos días: por un lado, Carlos Lomelí Bolaños, que asegura públicamente haber tramitado sendos juicios de amparo para dejar sin efecto la inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública para que dos empresas de su conglomerado, Lomedic y Solfran, le vendan al gobierno de la república, a los estados y municipios. Esto tiene un enorme trasfondo.Por otra parte, la inminente llegada de Manuel Espino Barrientos como “superdelegado” del gobierno federal a su natal Durango. Espino, expresidente nacional del Partido Acción Nacional, ha sido identificado desde siempre como uno de los más ultraderechistas militantes que hayan llegado al poder. Pero su flexibilidad parece ilimitada: ahora defiende la causa lopezobradorista al grado de regañar a Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes les pide que se autoevalúen antes de criticar la gestión del actual presidente.Todo puede pasar en un equipo de gobierno donde lo mismo se encuentran Manuel Espino, Manuel Bartlett y Alfonso Romo, entre otros muchos ejemplos.¿Pero qué ocurre con Carlos Lomelí? ¿Tramitar amparos para echar abajo la determinación de la Función Pública significa romper definitivamente con el presidente López Obrador? Hasta hace algunas semanas, el empresario y excandidato a la gubernatura aseguró que era inminente su retorno a la delegación en Jalisco. Pero el tiempo transcurre y aparentemente pudieron más sus intereses económicos que su determinación de trabajar en la Cuarta Transformación.Si el Dr. Lomelí decide enfrentar las decisiones de Irma Eréndira Sandoval (secretaria de la Función Pública) porque según dice, las empresas de su consorcio han sido falsamente acusadas, está en todo su derecho. Y algo más: ser proveedor de los gobiernos no es ningún delito. El punto es que el presidente mismo es quien ha insistido que una de las obligaciones de sus colaboradores es no hacer negocios con el gobierno.Quizá Carlos Lomelí decidió que ya no le interesa ser otra vez candidato a gobernador de Jalisco.
