Las amenazas de Andrés Manuel López Obrador no se pueden tomar más a la ligera cuando nos ha dado muestras fehacientes de su cada vez más marcada falta de cordura. Si espeta que el Poder Judicial debe desaparecer y lo mismo el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), se debe asumir ya existe una estrategia y en marcha toda la maquinaria del Estado para llevar a cabo tal fin. Es decir, después de lo observado en lo que va de su Gobierno, se debe tener por cierto que cualquier idea, por más que suene a ocurrencia a tontería o a chunga, no cesará hasta conseguirlo.Y los antecedentes ahí están; cuando dijo “al diablo las instituciones”, no dudó en ir por ellas, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE) -que afortunadamente la sociedad civil y la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) pudimos defender aunque otras no corrieron con tanta suerte. Cuando ha propuesto reformas nada le ha significado un obstáculo; se ha dado el lujo de exigir a sus deshonestos diputados y aliados “no mover ni una coma” a sus iniciativas y obligarlos a incurrir en ilegalidades. En un acto de excesiva prepotencia y soberbia, los mexicanos fuimos testigos de la alta afrenta a nuestra Carta Magna cuando gritoneó: “Y no me salgan con que la ley es la ley”.Afortunadamente la Suprema Corte está demostrando todavía tener la fuerza, el coraje, y la convicción para defender e imponer y hacer cumplir las leyes que emanan de nuestra Constitución, mayormente desde que la ministra Norma Piña Hernández tomó las riendas del más Alto Tribunal de nuestro país haciendo gala de un enorme aplomo y un respeto irrestricto a nuestra Carta Magna. Norma Piña a los mexicanos ha demostrado con reciedumbre, con dignidad, con valor y sobre todo con un gran manejo no solamente de la agencia jurídica y la aplicación adecuada de ésta sino de la política, su mano firme sin que exista severidad mas sí firmeza en cuanto a los principios que deben regir la actuación de los integrantes del Supremo Tribunal.La primera señal de su convicción para aplicar la ley fue anular las reformas que empoderaban en demasía a las fuerzas castrenses irrumpiendo excesiva e inadecuadamente en actividades propias de las autoridades civiles, las cuales fueron aprobadas en mayoría simple por los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Sin embargo, con los votos de ministras y ministros, etiquetados como sólidos juristas comprometidos con México, y los de otros togados que habiéndoles tenido cierta desconfianza por el origen de su designación se dudaba el sentido de su voto, se sumaron a la mayoría para hacer realidad el desechar las arbitrariedades aprobadas por legisladores morenistas, ya que fueron en su momento demasiado leales al Presidente de la República.Y más sorprendentemente favorable fue la última votación por medio de la cual el pleno de la Corte invalidó el famoso y mal llamado “Plan B”, es decir, el paquete de reformas en materia electoral a diversas normas ordinarias que al aprobarse esas modificaciones de forma ilícita, inmoral y artera, rebasando los límites que le otorga la Constitución habida cuenta que una norma ordinaria no puede rebasar lo que marca la Carta Magna, fueron rechazadas ya incluso con el voto del ministro Arturo Zaldívar, anterior presidente de la Suprema Corte, quien previamente había votado a favor de las ocurrencias presidenciales y al parecer no quiso quedar en el lado obscuro de la historia donde por cierto sí quedan las ministras señaladas como corruptas y lacayas de López Obrador; la plagiaria Norma Esquivel y la sumisa Loretta Ortiz Alfh, ambas llevadas a la SCJN por el propio Andrés Manuel. Al convocar a desaparecer al Poder Judicial llamándolo “podrido” sólo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió con México al votar declarando inconstitucional el primer paquete de reformas electorales absurdamente aprobado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), abusando de su mayoría simple, debemos preocuparnos y ocuparnos en apoyar a las ministras y ministros, expresándoles reconocimiento y respaldo, pero además solicitarles persistan y no se doblen ante los amagos, amenazas y ataques del dolorido tabasqueño, que ahora lanza ofensas y vituperios al Poder Judicial por actuar responsablemente en favor de la nación y del pueblo. El “podrido” es en todo caso quien los acusa, pues pretende imponer un modelo de dictadura omnipotente sin contrapesos ni obstáculos a su perversidad para seguir en su aberrante empeño por destruir las instituciones, pues “su mundo ideal” es, sin duda, presidir sin Poder Judicial y con Poder Legislativo dominado y pelele a su fétida conveniencia política personal.De tal suerte que en este momento cobra fuerza una parte muy importante que ha sido fundamental en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), y me refiero al apoyo de la sociedad. Norma Piña, y las Ministras y Ministros que no le responden al Ejecutivo de la Nación nos está otorgando a la sociedad y al pueblo de México la certeza de que aún no todo está perdido bajo la égida del actual régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador y es menester que las mexicanas y los mexicanos respondamos como lo hicimos en defensa del INE.No podemos ser negligentes u omisos a lo que está a la vista de todos. Si es que desde cualquier óptica se perciben alarmantes señales que se envían cada vez más insistentemente desde las Cámaras del Poder Legislativo, la Mañanera, Palacio Nacional, las redes sociales y todos los medios que dispone la llamada Cuarta Transformación. El riesgo ahí está y lo que queda es alertar a la gente, resistir, salir nuevamente a las calles a defender a nuestra Constitución, a la SCJN, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la libertad, la vida y la dignidad de los mexicanos.opinión.salcosga@hotmail.com
