En las páginas editoriales de los principales diarios del país se ha escrito mucho de la “ilegalidad” del memorándum del Presidente López Obrador del pasado 16 de abril, dirigido a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda.En su defensa, López Obrador ha dicho que se trata de un documento político, y no jurídico, y que no contraviene lo que la Constitución y las leyes mandatan. Siendo que no soy abogado, me quisiera concentrar en el memorándum como documento de política en medio de una negociación con la sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Esta agrupación es la única que se ha manifestado en contra de la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo y que se dictaminó y aprobó en comisiones en la Cámara de Diputados el 27 de marzo.El primer párrafo del memorándum dice que la mal llamada Reforma Educativa “no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza”. El uso de calidad como adjetivo de la enseñanza no es menor. De hecho, está en el centro de lo que a la sección 22 rechaza. En los lineamientos del memorándum, en el (a), dirigido a la SEP, el Presidente reitera que la educación pública debe ser de calidad. También llama la atención que el (b), dice que “las otras instancias involucradas dejarán sin efecto la aplicación de la llamada Reforma Educativa”. ¿A cuáles instancias se refiere? Sin embargo, en esta directiva no se incluye a la SEP. Asimismo, es de destacar que el lineamiento (c) le instruye a la SHCP impedir “prácticas patrimonialistas, aviadores y cualquier otra forma de corrupción”; y que la SEP “administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas”.En resumen, el documento es un exhorto político al diálogo, pero con límites muy claros del espíritu central de la educación pública, donde se exige calidad y sólo la SEP controla las plazas.
