Qué aburrido leer una reforma legal de 24 páginas una tarde tapatía a 35 grados centígrados como la de ayer. Pero aún así, con todo y el calor soporífero, me sacrifiqué. Confieso que leí la reforma a la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios de Jalisco avalada en fast track por nuestros diputados y publicada hace dos semanas en el Periódico Oficial del Estado. No es menor. Esta ley permitirá al estado financiar cinco mil millones de pesos de la Línea 4 a Tlajomulco de los nueve mil que costará. Por medio de una Asociación Público Privada (APP), el gobierno establece un contrato de largo plazo (hasta 40 años) para que un particular invierta en un bien o servicio de interés público, en este caso la construcción de la Línea 4. A cambio, le permite hacer usufructo de ese bien para recuperar la inversión en una especie de concesión. Se trata de un modelo muy común para la construcción de autopistas. Suena ideal, ¿no? El asunto es que los cambios a la ley enviados por el Ejecutivo estatal tienen algunos puntos, por decirlo de alguna forma, sospechosos. De entrada los cambios legislativos se hicieron en tiempo récord. Como es un tema árido y técnico, pasó de noche para la opinión pública. Las modificaciones más relevantes que encontré son: El Congreso estatal debe aprobar una APP, pero la elección del inversionista se hace por medio de un Comité de Adjudicación. En la reforma del gobernador, se eliminó del Comité a los organismos empresariales y a la Contraloría estatal. La decisión será del titular de Hacienda, Sedeco, Siop y la Consejería Jurídica estatal. Si bien los mecanismos de asignación pueden ser vía licitación, la reforma añade la posibilidad de que sea por invitación a tres empresas. Asimismo crea la figura de la coinversión en donde el estado o un municipio pueden desarrollar un proyecto con un ente privado sin restricciones de aportación por parte de este último. Finalmente, un punto central radica en que se ampliaron las garantías y fuentes de pago del gobierno con la posibilidad de comprometer las participaciones federales del estado o municipio, lo que no permitía la ley anterior. Por último, según el gobernador, Mota-Engil, uno de los consorcios encargados de las obras de la Línea 3, podría entrar como inversionista en la Línea 4. De ser así, me pregunto cómo se privilegiará a las empresas locales como señala la reforma aprobada por los diputados. Desde luego hay modelos de APP exitosos y también los hay con deficiencias en donde surgen sobrecostos, retrasos injustificados y corrupción. Planteado así, ¿hacia qué modelo nos encaminamos? La sociedad civil organizada, diputados de oposición y medios debemos comenzar a poner más atención en este proceso para evitar sorpresas en el futuro.
