La ley eléctrica del 2021 no es inconstitucional, decidió la Suprema Corte. El Presidente no necesitaba mayoría para obtener un triunfo político, le bastaron 4 de 11 votos. Con esta decisión del máximo tribunal, entre otras cosas, se da la razón a una ley que da preferencia a la CFE en el momento de “despachar” la energía eléctrica, independientemente de sus costos y de qué tan “limpia o sucia” sea la energía que produce. Es un triunfo para la CFE y su director Manuel Bartlett. Vendrá una nueva ola de litigios y, quizá, controversias comerciales de gran calado. ¿Cuánto costará esta decisión? ¿Quién pagará estos costos? ¿Cómo hacer las cuentas?López Obrador gana mucho en lo político porque deja claro que no sólo tiene popularidad, sino también capacidad para hacer que la Suprema Corte se alinee a su proyecto, por sometimiento o convicción. “No me vengan con ese cuento de que la Ley es la Ley”, dijo el Presidente el día anterior a que la Suprema hiciera su deliberación. ¿Eran los ministros y ministras los destinatarios de ese mensaje? El hecho es que AMLO consiguió los votos que necesitaba. Los cuatro son parte de un mensaje interesante. Corresponden a dos ministras propuestas por él, Loretta Ortiz y Yazmín Esquivel, que hicieron “equipo” con dos ministros propuestos por Felipe Calderón, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Para dejar clara la línea, el Secretario de Gobernación se mostró un día antes de la decisión en la sede de la Suprema Corte. La intervención del Secretario pudo haber sido más discreta, pero el señor Adán Augusto en estos días no está para sutilezas (recuerden Sonora). Ojalá no pasen 13 años para que el ministro Zaldívar ofrezca una versión de lo que pasó el miércoles con esta visita. ¿Cuánto le cuesta esta decisión a la Suprema Corte? ¿Se compensa ese costo con la ganancia que implican los aplausos de los seguidores del Presidente? Es difícil medir estos intangibles. Hay cosas en la vida que no tienen precio, como dice la gran publicidad de una tarjeta de crédito.El triunfo político implica un precio económico. ¿Qué impacto tendrá en la inversión privada, en los costos y precios del sector eléctrico y en el PIB? La inversión privada que se coloca entre signos de interrogación no sólo es la que corresponde al sector eléctrico. Hay sectores que son usuarios intensivos de energía eléctrica y que requieren suministro garantizado en condiciones adecuadas de precio y generado por fuentes de energía “limpias”. Industria automotriz, aeronáutica, siderúrgica, electrónica… Para ellos, las señales que está emitiendo México son contrarias a las que necesitan para tomar la decisión de invertir aquí. En el Gobierno parece no importar que ya no estamos entre los 25 países más atractivos para invertir, según AT Kearney. Este no figurar puede ser relevante en un momento en el que se están redefiniendo las cadenas globales de producción. Estados Unidos necesita traer cerca de casa inversiones que ahora están en Asia. México es la mejor opción, pero se empeña en darle empujones a su socio para mantenerlo a distancia. En el Gobierno, hay quien cree que la inversión llegará pase lo que pase. Otros piensan que es irrelevante que la inversión prefiera migrar a otros países.¿Habrá consecuencias en el contexto del T-MEC? El Presidente está convencido que sus planes para el sector energético no violentan un acuerdo comercial que tiene que ver con un tercio de nuestro PIB, tan solo en exportaciones. Estados Unidos piensa de otro modo. Lo ha dicho de forma muy clara la representante comercial Katherine Tai, y de manera un tanto confusa el embajador Ken Salazar. ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Qué harán otros países con grandes inversiones, como Canadá y los de la Unión Europea? ¿Cómo responderá México? ¿Qué pasará en el Congreso con la contrarreforma? El Presidente está convencido que no pasará nada, que hay mucho ladrido pero vendrán pocas mordidas. Piensa que el tope de 46% en el mercado eléctrico mexicano es suficiente para los socios comerciales. Este porcentaje implica un negocio más grande que el que ofrece el mercado completo en todos los países de América Latina, con excepción de Brasil. La apuesta de AMLO y su equipo parece estar en conducir las cosas de tal manera en que las empresas opten por negociaciones extrajudiciales con la CFE y el Gobierno mexicano. Así lo hicieron Sempra Energy (antes Ienova, que encabeza en México Tania Ortiz Mena) y las propietarias de los gasoductos. Es una apuesta arriesgada. Las empresas pueden optar por ir a litigios que valen entre 10 y 40,000 millones de dólares. Es una apuesta arriesgada porque los “Halcones” estadounidenses pueden optar por descafeinar el T-MEC y reducir la apuesta de largo plazo de integración con México. ¿A alguien en Palacio Nacional le importa esto? Todo parece indicar que la prioridad es la revocación de mandato.lmgonzalez@eleconomista.com.mx
