El Presidente Andrés Manuel López Obrador pasó mala noche. Nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte, incluido su allegado Arturo Zaldívar, votaron a favor de la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán para echar abajo el “Plan B” de la reforma electoral o al menos la primera parte. Y eso anticipa claramente lo que sucederá con la segunda parte.La primera y más rápida lectura de lo ocurrido es la política, por más que los ministros se nieguen públicamente a reconocerla porque siempre argumentarán las razones jurídicas y la pureza de sus razonamientos. Siempre negarán toda inclinación o empatía y defenderán que su voto se decanta en el afán de proteger la supremacía de la Constitución.Peeeero, lo que ocurrió en el pleno de la Suprema Corte arrancó aplausos atronadores en un sector político del país, y también provocó una tremenda molestia en el otro sector, en particular en la oficina de la Presidencia, y tanto así que antes de la sesión del pleno de la Corte habían lanzado una amenaza: si rechazaban el “Plan B” lo considerarían una intromisión en la división de poderes.¿Qué se propone la Presidencia? ¿Desacatar lo que ya determinó el pleno de la Corte? ¿Imponer la legislación que ha quedado anulada? Parece descabellado, pero los tiempos que corren en nuestro país dan para todo. Pero ese asunto ya corre por su propia vía y habrá que esperar la reacción del Presidente López Obrador, seguramente en su mañanera, en la que hablará mal de los ministros que votaron contra su reforma electoral.La Corte, hay que apuntarlo, avaló el proyecto del ministro Pérez Dayán, quien no reprobó la reforma en sí, sino las formas: el desorden legislativo y la votación realizada sin apego a lo que marca la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo. Deberá servir de lección a los diputados de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde, que acostumbran imponer sus posturas por el solo hecho de ser mayoría, y además, atropellando las reglas más elementales. Así no puede concretarse ninguna transformación nacional.Además, vale considerar que el rechazo al “Plan B” de la reforma electoral atiende las demandas ciudadanas que se habían expresado en dos megamanifestaciones en defensa del sistema democrático y el Instituto Nacional Electoral (INE) en decenas de ciudades de la República.Aunque la determinación de la Corte no obedece a lo que demandaron miles de ciudadanos en esas movilizaciones, sí tiene peso la exigencia de cientos de miles de mexicanos que se movilizaron y que expresaron su desacuerdo con la reforma propuesta por la Presidencia para disminuir el área de influencia de las instituciones ciudadanas.Los objetivos que sí han merecido aprobación generalizada, como la reducción en los costos injustificados de los organismos electorales y los procesos electorales, merecen otra oportunidad. El problema de Morena y sus legisladores, incluso la propuesta presidencial de reforma, se plantearon mal desde el principio: desde una postura de revancha, no con el ánimo de mejorar el sistema. Su proyecto fue vencer a los adversarios, a las élites neoliberales. Pero no trabajaron las propuestas, no hicieron la tarea y confiados, no consideraron que la Suprema Corte se convertiría en la última frontera de la legalidad en el país.El “Plan B” está liquidado. Ya vendrá la siguiente batalla.
