Además del cuidado que deberán tener los nuevos alcaldes y sus funcionarios y la nueva administración estatal para respetar los derechos laborales y las trayectorias de los buenos servidores públicos y no generar más demandas laborales, deberán también contar con equipos jurídicos que rompan con la trama de corrupción que han mantenido los despachos de abogados en materia laboral que han hecho de los laudos una millonaria industria ilegal que desvía miles de millones de pesos de los presupuestos públicos.Pese a la temporal persecución que se dio durante el sexenio que termina, cuando el entonces secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, denunció que en el SIAPA, con la complicidad de su área jurídica con los abogados conocidos como talibanes, se estuvo a punto de pagar 35 millones de pesos a dos ex notificadores por un supuesto despido injustificado.Fue la primera vez que supimos de la colusión de malos burócratas, directores jurídicos de dependencias públicas, personal del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y los despachos talibanes, para simular litigios laborales. Pero es claro que las corruptelas continúan.Prueba de ello es lo revelado el lunes pasado por EL INFORMADOR en el sentido de que el Gobierno estatal pierde 2.5 demandas laborales diarias, mientras que 80 de los 125 municipios de Jalisco deben por estos litigios laborales alrededor de mil millones de pesos.Alcaldes consultados me dicen que al menos 90% de esos casos se trata de litigios artificiales que nada tienen que ver con una auténtica defensa o denuncia de alguna violación a los derechos laborales de las y los servidores públicos.El auge de estas laudo-mafias se expresa también en el hecho de que en los últimos cinco años, y de manera creciente, al TAE han llegado 16 mil 490 demandas, casi con un promedio de 10 al día. De esas, cuatro mil 574 han perdido las autoridades y engrosado las ilícitas ganancias millonarias de la industria talibana. A los funcionarios que se niegan a cumplir con estos laudos laborales a todas luces ilegales, el Congreso los mandata a pagar ya que de lo contrario los sanciona y los suspende del cargo. Hay 600 funcionarios en esa situación y el Congreso saliente tiene en la mira a 400 más que obligará a pagar.Este panorama demuestra que de muy poco han servido las reformas que se hicieron en 2015 al Código Penal para castigar estas simulaciones y poner límites a las indemnizaciones. La opacidad con la que manejan este tema muchos de los ayuntamientos que más pagan por este concepto es otra cosa que huele mal. Por ejemplo, Zapopan, El Salto, Chapala y Puerto Vallarta se negaron a dar la información que les solicitó EL INFORMADOR respecto al número de denuncias que enfrentan y cuántos laudos pagaron en las administraciones que concluyeron en septiembre pasado.Habrá que ver qué hacen los ayuntamientos y el Gobierno estatal de la refundación para poner fin a estos desvíos millonarios y sacar de la impunidad a los despachos talibanes que corrompen funcionarios en detrimento de los de por sí raquíticos presupuestos públicos.
