El viernes pasado se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica. La redacción del marco jurídico en este momento nos indica que las facultades regulatorias de telecomunicaciones y radiodifusión pasarán a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y todas las de competencia económica al órgano descentralizado que se creará con las nuevas leyes.Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum sorpresivamente propuso un nuevo esquema de organización en su mañanera del 13 de diciembre. “El IFT divide sus funciones en tres instituciones”, dijo: la parte más técnica se va a la ATDT; competencia económica y regulación de concesiones privadas irán al nuevo órgano descentralizado, que estará sectorizado a la Secretaría de Economía, y la regulación de concesiones públicas y sociales, en la SICT. Tres ventanillas para un mismo sector. ¿Cómo dividir lo “técnico” de lo regulatorio? A reserva de conocer más cómo lo están diseñando, no tiene ningún sentido.La nueva ATDT, a pesar del nombre, en realidad es una secretaría de Estado. Es probable que la razón de este cambio de último minuto es para tratar de evitar la inminente violación al T-MEC. Spoiler alert: este nuevo esquema no la evita. El capítulo 18 dispone que México cuenta con un órgano autónomo del Poder Ejecutivo. Un descentralizado no lo es. La reforma constitucional que entró en vigor el sábado establece claramente que “el Ejecutivo federal, a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, ejercerá en forma exclusiva las facultades de competencia económica para regular de forma asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión”. Ahí queda claro que las facultades son del Ejecutivo.Así pues, el escenario no pinta nada bien. Tenemos una colosal incertidumbre en cuanto a las reglas del juego. Es increíble que estén cambiando de último momento un diseño que fue incluido en la Constitución unas semanas antes; el nivel de improvisación es asombroso. Lo más importante para la inversión es la claridad, la estabilidad y la predictibilidad, y nada de esto existe. Me preguntaban la semana pasada cómo veía el nuevo escenario de las tres ventanillas que tendríamos en el sector, y mi respuesta fue así: “modificaron la Constitución y plantearon un esquema que están cambiando dos semanas después, y del cual nos enteramos en una mañanera gracias a que alguien preguntó”. Kafkiano.A esto adicione usted el raquítico presupuesto que tendrá el IFT durante 2025 —sólo 500 mdp en lugar de los mil 600 mdp originalmente proyectados—; una ATDT que nace sin presupuesto —le otorgaron 3 mil mdp, de los cuales 2.7 mil son del Servicio Postal y el resto de otros organismos que absorbe; nada le asignaron para las nuevas funciones—; un recorte de presupuesto también a la Secretaría de Economía, de la que supuestamente dependerá el nuevo órgano antimonopolios, y una SICT que ha sido completamente desprovista de estructura para revisar temas de telecomunicaciones y radiodifusión, y que ahora aparentemente regresarán en la parte pública y social.Múltiples ventanillas, total falta de claridad en la organización administrativa, debilidad presupuestal en los reguladores, incertidumbre sobre cuándo y qué contendrán las nuevas leyes, reemplazo de los jueces especializados, que serán electos en junio, sólo por mencionar algunos de los temas con los que iniciaremos 2025.¿Qué podría salir mal? Irene Levy / Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación