Uno de los graves problemas que heredará el Gobierno estatal que encabeza Enrique Alfaro a las próximas autoridades en el próximo mes de diciembre será, sin duda, el de las desapariciones, que representan toda una crisis humanitaria al ser Jalisco la Entidad en la que más se comete este delito, considerado el que más dolor genera en las familias de las víctimas.La próxima administración estatal deberá priorizar en su agenda este tema, diseñar una estrategia especial para que no siga creciendo la cifra de las más de 15 mil desapariciones a la fecha y, sobre todo, incrementar las partidas presupuestales para las áreas responsables de atender esta problemática.Es necesario atender las peticiones de acompañamiento y apoyo de las organizaciones de madres buscadoras, ampliar cuantitativa y cualitativamente el colapsado Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para no revictimizar a las familias con el calvario de los trámites y las largas esperas de los restos de sus seres queridos, pero, sobre todo, investigar las rutas de las desapariciones generando inteligencia y deteniendo a los captores que actualmente gozan de una casi absoluta impunidad.La semana pasada hubo algunos destellos que podrían dar luz para que el próximo Gobierno estatal dé los primeros pasos en este último aspecto de la investigación policial para empezar a desmantelar a los grupos delincuenciales que han hecho de las desapariciones su modus vivendi.Información y conclusiones valiosas para la implementación de políticas y estrategias de seguridad para enfrentar el fenómeno de las desapariciones podrían obtenerse del trabajo que, por ejemplo, está realizando el Comité de Análisis en Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, que en días pasados detectó que por lo menos 16 casos de personas que desaparecieron habían acudido a una cita de compra-venta de algún automóvil o motocicleta, y que algunos de ellos habían sido citados en la Central Camionera, donde se han denunciado otras desapariciones. Tienen, además, todo un trabajo de sistematización de datos que permitiría encontrar patrones para generar información preventiva para la ciudadanía y pistas para llevar a cabo investigaciones policiales más efectivas.Otra señal alentadora es el relanzamiento del Consejo Ciudadano en materia de Personas Desaparecidas en el Congreso del Estado en agosto pasado, que empieza a cobrar mayor protagonismo y que podría convertirse en un vínculo que mejore la comunicación entre familiares de desaparecidos y autoridades. Por la gravedad de esta problemática, bien vendría analizar la posibilidad de retribuir económicamente ese esfuerzo de las y los consejeros, cuya figura es actualmente honorífica.Se dio, también, por fin, la detención de dos hombres acusados de estar involucrados en el reclutamiento de jóvenes a través de las redes sociales para grupos del crimen organizado, cuya información podría ser clave para esclarecer y desactivar esa ruta de desaparición. La Fiscalía está obligada a aumentar este tipo de aprehensiones para abatir los altos índices de impunidad que son el mejor incentivo para que los grupos delincuenciales sigan cometiendo desapariciones.
