Como se veía venir los gobernadores panistas en funciones y el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, se pronunciaron en contra, entre otras cosas, de la figura de los superdelegados en cada Entidad, y en particular por la injerencia que tendrán en el tema de la seguridad en el próximo Gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador.Si como lo apuntamos aquí la semana pasada, la primera en decir no a lo planteado en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, fue la morenista y futura jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que en su demarcación no funcionaría la Guardia Nacional, integrada por policías federales, militares y marinos, sino su propia policía estatal, era de esperarse también la resistencia de los ejecutivos de otras fuerzas políticas.Los gobernadores que se pronunciaron la semana pasada, rechazan ser sólo “invitados” a las juntas mañaneras que tendrán todos los días los superdelegados con los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Procuraduría General de la República y del Cisen en cada Entidad, para evaluar el tema de la violencia y la inseguridad y definir la implementación de las estrategias y los operativos.Los gobernadores reclaman, no sin razón, que están siendo desplazados de una responsabilidad que les faculta la Constitución y que es su obligación atender como son los aspectos de la seguridad en los Estados. Esta semana incluso, podrían estar haciendo lo propio, las y los presidentes municipales ajenos a Morena, que también ven con desconfianza el esquema planteado por el Gobierno federal.Esta falta de entendimiento entre el futuro Gobierno de la República y los gobiernos locales que en su mayoría son de un signo político distinto al que postuló al Presidente electo, es una muy mala noticia para todos.Los únicos que ganan y que seguramente están festinando estas diferencias son los grupos delincuenciales que han capitalizado y aumentado su poder corruptor y de fuego, en parte, por la descoordinación policial y la desconfianza mutua que siempre ha existido entre las distintas corporaciones policiales. Entre las de orden federal, entre éstas y las estatales, y entre éstas y las municipales.Una de las causas centrales del fracaso en la estrategia policial en el sexenio que termina, fue justamente que nunca se logró la coordinación ni entre las propias policías federales y mandos castrenses, y mucho menos con las policías estatales y municipales.Es por eso altamente preocupante este inicio de ruptura en un tema tan delicado como la seguridad y que significa la demanda prioritaria de los mexicanos.Ni el Gobierno federal solo podrá resolver el problema ni Estados ni municipios por su lado tampoco. Por eso desde la sociedad se debe exigir a estos gobernantes que se dejen de soberbias de poder, para que cierren filas y lleguen a acuerdos para combatir en conjunto al hampa que hoy tiene la batalla ganada, y que lo que más desea es que los esfuerzos policiales sigan desarticulados y debilitados para seguirlos infiltrando.
