El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, se ha convertido en un personaje de referencia constante para los medios de comunicación. Eso puede ser positivo: la suya es una gestión transparente; eso es preferible a otras etapas oscuras en las que situaciones de alarma eran explicadas con escuetos comunicados. Pero también es una mala señal, porque si el fiscal aparece con tal regularidad, es porque hay eventos nefastos que sólo él puede explicar, cuando menos de manera oficiosa.Y el espacio de esta columna no bastaría, literalmente, para un conteo somero con identificación de víctimas y posibles líneas de investigación para resolver los hechos de violencia y los numerosos homicidios que se han cometido.La última noticia que ha debido explicar Solís Gómez es la muerte, de manera violenta, de dos policías investigadores de la Fiscalía estatal, en el municipio de Etzatlán. Investigaban, en cumplimiento de sus órdenes de trabajo, cuando fueron privados de su libertad, presumiblemente por integrantes del crimen organizado. Ahora sólo quedan sus restos y un nuevo caso para ser indagado en espera de que alguna vez se haga justicia y los responsables cumplan castigo por el crimen cometido.Casi en coincidencia, pero a más de 250 kilómetros de distancia, en Zamora, Michoacán, un convoy de vehículos de último modelo y personas equipadas con armamento de alto poder, encabezó un ataque contra policías de aquel municipio. Hasta este día, el saldo es de cuatro fallecidos.¿Qué relación hay entre lo ocurrido en Etzatlán y lo que pasó en Zamora? Aparentemente ninguna, pero las interpretaciones que se están haciendo desde la mesa diaria que elabora el informe sobre inseguridad para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, indican que el cártel de crimen organizado que se identifica con Jalisco, está actuando cada vez con mayor violencia y enviando un claro mensaje a los gobiernos estatales y al Gobierno federal, sobre su dominio en la zona Occidente y Centro del país. Sus operaciones han sido identificadas con claridad en Estados que abarcan el Sureste.Ante ese panorama, alarmante desde hace meses, cabe la duda fundada sobre el futuro para la Zona Conurbada de Guadalajara y Jalisco.El coordinador del gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez, estableció un período de espera de dos semanas, que empiezan a contar desde este 27 de mayo, para explicar el estado de funcionamiento del C5 y las supuestas cinco mil 700 cámaras que distribuidas por la ciudad, ya deberían estar reportando información que permita identificar a delincuentes.¿Nos queda sólo esperar a las regulares ruedas de prensa del fiscal estatal para saber cuántos cuerpos hallaron en una nueva fosa clandestina?El Gobierno jalisciense tiene pendiente un proyecto con metas específicas para recuperar la seguridad y una mejor percepción.
