El decreto fast track que entró en vigor y se publicó antier en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 24 horas después de que lo presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que ordena a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal autorizar todos sus proyectos y obras públicas de infraestructura en un plazo máximo de cinco días y las declara como asuntos de “interés público y seguridad nacional”, es sin duda el más sonoro y preocupante manotazo autoritario del líder de la 4T.Al igual como en su momento lo hizo con la construcción de los segundos pisos cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, al ordenar reservar la información de contratistas y proveedores por 5 años, ahora quiere hacer lo mismo con las obras emblemáticas de su sexenio: la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía, El Tren Maya. Pero no sólo eso, añade al paquete otros 176 proyectos con un valor de al menos 230 mil millones de pesos. Huele mal desde que se presenta luego de las revelaciones de las compras millonarias a empresas fantasmas que hizo la Sedena para las obras del Aeropuerto de Santa Lucía que reveló el portal Latinus. Así, con este “decretazo presidencial” se pretende borrar de un plumazo los incipientes avances que se habían logrado en materia de transparencia y rendición de cuentas en las últimas dos décadas desde que se creó la Ley de Transparencia en la primera alternancia política y volver a los tiempos de la más profunda opacidad y visión patrimonialista de la administración pública.La concreción de esta tentación autoritaria de López Obrador encontró las bases en todas las resistencias de nuestra clase política y gubernamental en los últimos 20 años para sacar de la opacidad a las instituciones públicas, empezando por sus partidos políticos. Eso fue un gran obstáculo para que la cultura de la transparencia permeara en la población y se apropiara de sus herramientas para mejorar a sus gobiernos. La mayoría de la población no ha visto los beneficios de la rendición de cuentas y por eso el Presidente lanza este decreto anticonstitucional a todas luces. Sabe que el costo con su base electoral es prácticamente nulo ante su creciente popularidad. Un abusivo e indebido uso de su enorme legitimidad. Aunque el Presidente asegure que lo que su decreto busca es agilizar y saltar tanta tramitología para cumplir en tiempo con las obras y no de evitar la rendición de cuentas y la transparencia es innegable que esas prerrogativas que se auto otorga, dejarán más perjuicios que beneficios al dejar campo libre a la corrupción que tanto dice combatir.Como lo ha hecho el INE, ahora le toca al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), aborrecido al igual por el Presidente, dar la batalla y no dejar pasar el decretazo 4T, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación volver a ser el contrapeso que pare también este despropósito dictatorial.jbarrera4r@gmail.com
