El asesinato el domingo pasado del alcalde con licencia de Jilotlán de Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña, quien se preparaba para buscar la reelección por el partido Movimiento Ciudadano, hizo realidad la amenaza latente de la violencia en el proceso electoral en marcha.Los hechos hicieron fallar así los diagnósticos de gobernantes, autoridades electorales, partidos políticos y candidatos, que aseguraban, en reiteradas ocasiones, no tener detectadas zonas de riesgo por la inseguridad provocada por la delincuencia organizada.Aquí dijimos que sorprendían tan optimistas escenarios ante los episodios de violencia política registrada en el país en lo que va del sexenio y en el actual proceso electoral. Con la muerte de Andrade Magaña, suman 73 ediles asesinados en lo que va de la gestión peñista. Tanta confianza extrañaba también al ser nuestra Entidad el asiento del cártel más poderoso y de mayor crecimiento en los últimos años.Más aún porque apenas en diciembre pasado habían sido asesinados el líder del partido naranja en Casimiro Castillo, Miguel García, quien aspiraba a ser candidato a alcalde en ese municipio; y el diputado del PRD, Saúl Galindo, quien buscaba la alcaldía de Tomatlán.Es claro, pues, que las autoridades federales, estatales y municipales han incumplido su obligación de garantizar seguridad y sus estrategias policiales han sido erráticas para enfrentar la escalada de inseguridad que se ha mantenido en Jalisco desde el inicio de este 2018. El pronóstico del propio gobernador Aristóteles Sandoval a principios de marzo era que esta crisis empeoraría, y desafortunadamente para todos, se ha cumplido con creces.La zona de Jilotlán no escapa a esta lamentable realidad. Más bien es de las zonas más críticas y de alto riesgo por su vecindad con las zonas más violentas de Michoacán. De hecho en el proceso electoral pasado, también cayó asesinado a fines de 2014, el aspirante del PAN a la alcaldía, Abel Licea. En ese contexto, en Jilotlán hubo claras intenciones de crear grupos de autodefensa para protegerse de las mafias michoacanas que entran y salen de Michoacán a tierras jaliscienses.Esto obliga a la autoridad y a todos los actores del actual proceso electoral en Jalisco a replantear su postura ante esta amenaza manifiesta de violencia. Es claro que debe haber una mayor aplicación para detectar de forma oportuna y con labores de inteligencia estas amenazas, antes de que aumente la efervescencia electoral con el inicio de las campañas en los 125 municipios a fines de mes.Ningún homicidio debe quedar impune, pero estos que se dan en el marco de la competencia política urgen para dar con los responsables, y no dejar el campo libre al narco que busca vetar e impulsar candidatos, para luego infiltrar los futuros gobiernos en beneficio de sus intereses.jbarrera4r@gmail.com
