Un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) sin espíritu de cuerpo, desarticulado, mudo y supeditado a los designios del poder dejó más que vulnerable a su Comité de Participación Social (CPS), único componente ciudadano de ese órgano colegiado que representaba una esperanza de que por fin se pudiera iniciar un esfuerzo serio de combate a la corrupción y a la impunidad que siempre ha pervertido y podrido, salvo muy pocas y honrosas excepciones, a nuestra clase política y gubernamental.Ante la nueva embestida de las y los diputados del partido Movimiento Ciudadano y sus incondicionales colegas panistas, a los que dictaron la iniciativa aprobada ya en la Comisión de Responsabilidades que encabeza la legisladora emecista Mirza Flores, que deja sin sueldo a los integrantes del CPS, y se ensaña al no permitirles trabajar en ningún otro lado, las y los titulares de los organismos que integran el SEA (la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Administrativo, el Supremo Tribunal, el Instituto de Transparencia y la Contraloría General del Estado) han guardado una indiferencia y silencio bochornoso, que confirma su tibieza, deja claro a quién obedecen y que nunca estuvieron a la altura necesaria para cumplir la grave tarea que deben a la ciudadanía.Esta vergonzosa iniciativa, justificada en un supuesto afán de escuchar los reclamos populares de austeridad de un Congreso que domina el partido del gobernador Enrique Alfaro y que le ha permitido un endeudamiento récord de Jalisco, es una clara venganza a un CPS que, cuando se decidió a cumplir su papel, les resultó sumamente incómodo.Ya habían querido avasallarlos el año pasado que el CPS criticó y descalificó el asalto al Consejo de la Judicatura, cuando de madrugada las y los diputados, en un muy desaseado proceso que violó incluso la convocatoria que ellos mismos habían diseñado, impusieron a tres integrantes de este cuerpo colegiado, sin aprobar los exámenes correspondientes, sólo por ser incondicionales de MC y del PAN.La rijosidad del poder y las instrucciones de exterminar a esta esfera ciudadana del SEA crecieron cuando se pusieron a investigar también la multimillonaria y controvertida licitación del programa A Toda Máquina que por más de 3 mil 600 millones de pesos realizó el gobierno de Enrique Alfaro. Sería ingenuo pensar que las y los diputados recapacitarán y rechazarán en el pleno hoy esta iniciativa que acabará de sumir en el desprestigio la Legislatura 62. Pero a lo que si podemos apostar es que como comunidad arropemos y acompañemos la lucha que tendrán que dar las y los miembros del CPS, que encabeza Annel Vázquez, para que no se imponga este abuso de poder con el que la clase política y gubernamental quiere perpetuar su impunidad. Está ahí claramente el camino de la controversia constitucional por la jurisprudencia creada con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechó una iniciativa similar con la que en Baja California se querían eliminar también las contraprestaciones de su CPS. Vayamos con ellos.jbarrera4r@gmail.com
