Ser críticos e incómodos a los poderes formales o fácticos implica siempre riesgos, que desafortunadamente lejos de combatirse son crecientes en detrimento de la convivencia pacífica, civilizada y democrática en nuestro país.Un nuevo caso de intolerancia a la crítica al poder es el que está padeciendo la directora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y opinadora en distintos espacios noticiosos, María Amparo Casar, quien ha recibido toda una ráfaga de descalificaciones desde el poder federal, para poner en duda su calidad moral y así tratar de desvirtuar las denuncias e investigaciones de la organización que dirige contra el Gobierno de la 4T y de los hijos del Presidente por tráfico de influencias.De la página 100 del libro ¡Gracias! del Presidente que se publicó en febrero, donde le llama “cinicaza”, el caso de las presuntas irregularidades en la asignación de una pensión para ella y sus hijos, tras la muerte de su esposo, Marcos Padilla, un alto funcionario de Pemex, quien cayó de al vacío hace 20 años desde el piso 12 en el que estaba su oficina en el sexenio de Fox, llegó desde el viernes y volvió a retomarse esta semana desde el púlpito presidencial.A favor de Casar desde el martes jugaron las declaraciones de Bernardo Bátiz, entonces procurador del Distrito Federal que gobernaba Andrés Manuel López Obrador, quien dijo no recordar la reunión que el Presidente asegura en su libro, ocurrió entre él, Casar y el intelectual Héctor Aguilar Camín, donde presuntamente presionaron por medio de tráfico de influencias que lo que era un suicidio apareciera como un accidente, ya que de lo contrario no podría asignarse la pensión ni cobrar el seguro.Aunque Bátiz, actual consejero de la Judicatura federal, rechazó también que se haya modificado algo del expediente, también aseguró el martes pasado que se concluyó que no había “delito que perseguir”, ya que los peritos señalaron que no había desorden en su oficina y que para caer de la ventana tuvo que haber subido a ella, y que en el acta de defunción la causa de muerte aparecía sólo como “traumatismo”.Desde luego, cualquier irregularidad se debe investigar y deslindar responsabilidades, pero lo que es inaceptable es que se viole desde el poder el debido proceso y los derechos de la privacidad de los datos personales de Casar y sus hijos, que fueron exhibidos en páginas oficiales sin que el INAI, que es el órgano constitucional autónomo que tutela estos derechos, lo hubiera autorizado.Es en ese abuso de poder y en las prisas, donde se ve que no se trata de hacer justicia sino una venganza y cobro de cuentas a Casar.jbarrera4r@gmail.com
