La semana pasada la farmacéutica AstraZeneca anunció que empezó el retiro de su vacuna para el COVID-19 a nivel mundial, con la prohibición de su uso en la Unión Europea y con el retiro de la autorización para su comercialización que hizo el propio laboratorio, luego de una serie de demandas judiciales porque en algunos casos sus dosis podían provocar trombosis.Aunque la firma inglesa aseguró que el retiro y cierre de producción de su vacuna anti COVID no se debe a estas denuncias sino a la falta de demanda por el exceso de vacunas disponibles en el mercado, es claro que quedan muchos litigios en su contra en marcha, como el de la abogada tapatía de 36 años, Elizabeth Zavala, quien acusa que tras su primera vacuna de esta farmacéutica sufrió graves efectos secundarios cuatro días después de su inoculación, entre ellos la pérdida drástica de la visión de su ojo izquierdo.Hospitalizada por varios días, se le diagnosticó oclusión de la vena central de la retina del ojo izquierdo, conocido también como infarto de ojo, un evento trombótico ocular, irreparable e irreversible.La afectada reclama que tuvo que practicarse siete cirugías de ojo y 11 inyecciones intravítreas para reducir el dolor y la conservación del glóbulo ocular, así como la invalidez total permanente para el ejercicio de la abogacía que implica la lectura de extensos expedientes en sus jornadas habituales.Mientras ella y su equipo de abogados y médicos tratan de fortalecer el “nexo de causalidad” entre la vacuna y el daño físico causado, demostrando que la sintomatología apareció al cuarto de los 30 días que se tienen como plazo para atribuir los efectos al suministro de la fórmula y que no existan patologías previas, hay litigios paralelos que ha emprendido contra el Gobierno mexicano, reclamando un sistema de compensación por las lesiones causadas por las vacunas, que ya se ventilan en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así, mientras que la propia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconocía hasta junio del año pasado seis mil 574 eventos supuestamente atribuibles a la vacuna COVID-19 de AstraZeneca en México, la ruta tomada por esta abogada tapatía para exigir justicia por las afectaciones a su salud que atribuye a este medicamento podría exhibir más detalles de toda la opacidad con la que el Gobierno de la 4T adquirió las vacunas durante la pandemia de coronavirus y la falta de seguimiento y atención a quienes pretendían reportar algún efecto secundario luego de que les suministraban las dosis como se indicaba en los comprobantes que se daban a las y los vacunados. Pero eso lo abordamos a detalle en el RADAR de mañana.
