Un empresario entra al Gobierno y sale de él con más y mejores negocios. ¿Cuántas veces hemos atestiguado el fenómeno? En inglés hay un concepto conocido como “revolving door” o puerta giratoria. Y es una forma de corrupción que genera polémica. El arresto de Alberto Lamas, ex jefe de Gabinete del pasado sexenio, es para analizar. Un pequeño empresario que en 2002 funda una modesta consultora de comunicación en Guadalajara termina como acaudalado hombre de negocios tras su paso por altos cargos públicos. Socio de cinco empresas -dos consultoras de comunicación-, casa en San Diego, California, y residencia en un exclusivo coto de Juan Palomar y Arias, en Jardines Universidad, Zapopan, en donde el desarrollador vende una finca, al día de hoy, en 27.9 MDP en ese mismo lugar. (Me dicen que en ese coto de alta plusvalía vive un alto funcionario de la actual administración, ex panista, relacionado con el transporte público.)La “puerta giratoria” se entiende como el paso de altos cargos públicos al sector privado en puestos privilegiados por sus relaciones y conocimiento de la operación del Estado. Felipe Calderón pasó de Presidente a consejero de una multinacional energética que su Gobierno benefició. AMLO impulsó una reforma para evitar que altos ex funcionarios migren al sector privado hasta pasados diez años, pero la Corte desechó la propuesta. Trump aumentó de dos a cinco años la espera para ocupar cargos privados relacionados con temas atendidos en el servicio público.Japón, Reino Unido y Países Bajos establecen dos años. Canadá fija cinco años y 20 recomendaciones para evitar conflicto de interés. Francia tiene mecanismos de trazabilidad de altos funcionarios cuando dejan el cargo y plantea dos años de “enfriamiento”. En el estudio “Puerta giratoria o circulación de altos cargos entre campos de poder económico y político en México”, Julia Chardavoine explica que en nuestro país hay mayormente un fenómeno de “puerta giratoria de entrada” de la empresa al Estado y no viceversa. “De los 102 gobernadores elegidos entre 2000 y 2015, 31 desarrollaron parte de su carrera en empresas privadas, es decir, casi un tercio”. Hay una creencia de que los empresarios son mejores gobernantes (creo que son igual de buenos o malos que un político profesional) En “Lobbies y puertas giratorias”, Ana Castellani explica: “Se eleva el riesgo de conflictos de interés potenciales porque las decisiones estatales pueden beneficiar de manera directa a la empresa de procedencia del funcionario, sin que necesariamente haya sobornos o dádivas de por medio”. De ahí el término “soborno diferido” que “se produce cuando un funcionario beneficia a un privado en el ejercicio de sus funciones públicas a la espera de una recompensa”. La vía para sancionar este fenómeno sería el enriquecimiento ilícito, pero las fiscalías son incompetentes para seguir el rastro del dinero -la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco sólo ha logrado una vinculación a proceso por ese delito. El artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas sanciona al particular que contrate a quien fue funcionario durante el año previo, que tenga información privilegiada por su cargo público, y permita al contratante beneficiarse sobre sus competidores. Un año es un periodo por debajo de los estándares de otros países, además de que el artículo acota el fenómeno, por lo que seguramente es letra muerta. Sin una trazabilidad de las actividades empresariales de los altos funcionarios antes y después de su encargo, será difícil encontrar el hilo para desmadejar este problema. Regular el ingreso, tránsito y egreso de los servidores públicos y fijar periodos de “enfriamiento” sería un inicio. En tanto tendremos que lidiar con la porosidad de las fronteras entre los campos del poder político y económico.jonathan.lomeli@informador.com.mx
