Es un hecho que el gobernador de Jalisco quiere ser candidato a la Presidencia de la República. Es un hecho que Jalisco atraviesa una grave crisis de violencia organizada y humanitaria que tiene al Estado en el primer lugar de personas desaparecidas en México. La conjunción de estos dos hechos ha sido muy perjudicial para una eficaz política de búsqueda de los desaparecidos y de la persecución y enjuiciamiento de quienes cometen estos delitos.Tan no hay duda de que Enrique Alfaro quiere ser candidato presidencial que por eso llenaron de acarreados la asamblea estatal de Movimiento Ciudadano para que le gritaran “presidente, presidente”. Mientras ese hecho de la política electoral se llevaba a cabo, ese mismo fin de semana policías estatales de las patrullas PA-022 y PRJ-369 gastaban su tiempo no persiguiendo a criminales o ladrones sino retirando las fichas de búsqueda que padres de familiares pegaron en postes y paredes durante la manifestación que realizaron a Casa Jalisco el domingo pasado.En su ruta por convertirse en candidato presidencial, Alfaro enfrenta un grave problema: que Jalisco es el epicentro de las desapariciones forzadas en México. En el país había hasta ayer, 100,536 personas desaparecidas y 15 de cada 100 ocurren en el Estado. Es muy complicado, sino imposible que un gobernante que arrastra este grave problema busque competir por la Presidencia de la República.Por eso a pesar de que en el discurso dicen estar atentos, preocupados e interesados en resolver el problema de los desaparecidos, desde el Gobierno de Jalisco se diseñó una estrategia para el control de medios y para la difusión de propaganda a favor del Gobierno, que intenta minimizar, subestimar, cuestionar y estigmatizar a los colectivos y actores políticos que critiquen esta estrategia.Lo que hay en Jalisco, en lugar de un sistema de búsqueda eficaz, empático y de la mano de las familias que tienen desaparecidos, es una búsqueda burocratizada, mediatizada, administrada para generar el menor daño político posible, pero no para detener y erradicar el problema.Claramente hubo un diseño de estrategia de propaganda de publicidad de las acciones que llevan a cabo las agencias encargadas de búsqueda, pero no para resolver los problemas de fondo, las exigencias de los colectivos y las familias, sino para hacer creer que hacen, para justificar el presupuesto.No se puede entender de otro modo cómo emiten un boletín cada lunes de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (FEPD) anunciando “avances” mientras ignoran las justas exigencias de los colectivos de las familias, y al mismo tiempo policías estatales retiran las fichas de búsqueda.Una confirmación de lo equivocado y perversa que es esta nueva estrategia mediática del Gobierno que encabeza Enrique Alfaro es que en cada boletín semanal de la FEPD se enfatiza que no hay delito, sino que las personas se van por su voluntad y por motivos personales. Es decir, se está subestimando el principal problema social y político que existe en la entidad. Con esto, hay un retroceso de años en el análisis de contexto de por qué ocurren las desapariciones. Las quieren justificar como berrinches de adolescentes, conflictos con los padres o con las parejas sentimentales. Es muy grave esta estrategia del Gobierno de Enrique Alfaro: está responsabilizando a los desparecidos de sus desapariciones y con ello renunciando a buscarlos y a perseguir a quienes cometen el grave delito de desapariciones forzadas o cometidas por particulares.En lugar de entender, comprender, analizar y hacer todo lo posible por enfrentar el principal problema social y político que tiene Jalisco, preservar la vida y evitar que las personas sean desaparecidas, el Gobierno naranja de Jalisco apostó por una estrategia mediática para administrar y subestimar esta grave crisis. Esta nueva estrategia se ha manifestado del modo siguiente:- Rasurar las cifras que se comparten al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El 25 de marzo se eliminaron más de 1,300 casos.- Responsabilizar a los desaparecidos de sus desapariciones, con el argumento de que se fueron por motivos personales.- Resaltar la “atención a víctimas” y apoyo psicológico en lugar de una estrategia eficaz de búsqueda.- Eliminar propaganda de los colectivos de familiares.- Darles largas con “mesas de trabajo” donde no se resuelven los asuntos de fondo presentados por los familiares.- Cuestionar y victimizar a padres y madres de los colectivos que les resultan incómodos.En conjunto, esto se traduce en una política de búsqueda fallida y más interesada en el control de daños que genera este problema. Y es una política perversa por que no busca resolver de fondo este problema, sino que no le estorbe al gobernador para alcanzar su objetivo de ser candidato presidencial. Rubén Martínrubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar
