Uno de los rubros sociales en que mayores rezagos se han acumulado a lo largo de las últimas décadas es el relativo a la garantía del derecho a la salud. En efecto, a raíz de la reforma al artículo 4º de la Carta Magna, publicada el 3 de febrero de 1983 en el DOF, este derecho se elevó a rango constitucional. Esto daría pie a la creación de la Ley General de Salud, publicada en 1984, y la cual, con múltiples reformas y adiciones, se mantiene vigente hasta nuestros días.El propósito de esa reforma era lograr la articulación de un sistema de salud basado en la concurrencia y en una cada vez más equilibrada distribución de atribuciones y funciones, dirigidas a impulsar cada vez más capacidades normativas en lo federal, y de cada vez mayores capacidades de atención y operativas en los estados y los municipios. Desde entonces, se han impulsado diferentes modelos y esquemas de atención, y los resultados han sido siempre deficitarios.El próximo año se cumplirán cuatro décadas de esfuerzos infructuosos, que hoy cobran una factura tremendamente cara, pues los efectos más graves se encuentran en el padecimiento de enfermedades que se vuelven incurables, discapacitantes y que llevan a la muerte a cientos de miles de personas.La cuestión de fondo en todo esto, es que la construcción de un sistema integral de protección social no se ha abordado a partir de un amplio consenso de la República; el ejemplo más reciente es el fallido tránsito del Seguro Popular al llamado INSABI, y el cual debería llevarnos a una reflexión seria, sobre cómo avanzar hacia el sistema universal que sea capaz de garantizar el más amplio nivel de disfrute del derecho a la salud que tenemos como mexicanos.Podría decirse que la Encuesta Nacional de Salud sintetiza en un dato esta crisis que se ha vuelto permanente: en el año 2021 sólo el 40% de la población que requirió de atención de su salud, lo hizo en instituciones públicas; es decir, sólo cuatro de cada 10. Desagregado por sexo, el dato indica que, entre las mujeres, el 42% de quienes recibieron atención médica a sus necesidades la obtuvieron de instituciones públicas, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de sólo 37 por ciento.Visto por regiones también hay diferencias muy importantes, pues en la Región Pacífico Centro la atención en instituciones públicas fue de sólo el 38% de la población que requería de servicios de salud; en la región Estado de México fue de sólo 37%; en la Pacífico Sur, de 35%; mientras que en la Región Centro se tiene una atención de sólo 33% en instituciones públicas, es decir, poco menos de una de cada tres personas que requiere atención a la salud.Adicionalmente, la ENSANUT reporta que el 25% de la población nacional se atendió en consultorios médicos privados, más un 18% que se atendió en consultorios adyacentes a farmacias. Si se suman ambos rubros, el dato es que el 43% de la población nacional se atiende en consultorios privados, indicador mayor al de la atención del sector público.La cuestión es que un sistema universal de atención a la salud con capacidad de brindar servicios oportunos y con calidad requiere inversiones extraordinarias; y sin una reforma fiscal eso será francamente imposible. Por ello, el Ejecutivo Federal debería aprovechar los dos años que le quedan a su administración, para construir una reforma que le dé los recursos requeridos para construir los cimientos de un nuevo sistema y que le permita, a quien le suceda en el cargo, tener márgenes de maniobra para avanzar en ese sentido.La muerte y la enfermedad evitable son signos de nuestros tiempos. Y por ello lo que más urge es que dejemos atrás a un México donde todos los días, las muertes que no deben ser se cuenten por miles. Mario Luis Fuentes@mariolfuentes1 Investigador del PUED-UNAM
