Se tenía que decir y se dijo. Y lo dijo Rubén Masayi, titular del CCIJ, quien expresó que los industriales de su sector no están muy convencidos de subsidiar el transporte a sus empleados para amortiguar el alza a la tarifa.¿El motivo? Qué garantía existe de que el servicio y la calidad mejorarán, argumentó Masayi, y que no es sólo “un parche” o cambio cosmético. ¿A poco no es suficiente la palabra del gobernador? Es pregunta.A ver qué les responde Enrique Alfaro. Hay que estar atentos.***Por cierto, en qué lío se metió el Gobierno del Estado al informar la semana pasada que la tarifa social para el transporte era de 9.50 pesos y la técnica de 11.36 pesos.Según Jesús Medina, presidente de la FEU, esas cantidades no tienen sentido y en realidad no se ha dado a conocer un estudio de lo que puede pagar el usuario (tarifa social).Por eso los muchachos de la FEU presentaron una solicitud de transparencia al Gobierno estatal con el fin de que compruebe con documentación todo lo relacionado con los dos tipos de tarifa.Lo que nos cuentan en corto es que en realidad no existe aún la metodología para definir la tarifa social. Por eso cualquier cifra sacada de la manga con dos o tres argumentos razonables es “lo que puede pagar el usuario”.***La defensa de Antonio Gloria, ex secretario de Educación de Jalisco en la gestión de Emilio González, tiene algunos argumentos a su favor.Luego del arresto del ex funcionario, acusado de peculado por la adquisición a sobreprecio de Casa Jalisco Chicago, surgen algunas dudas acerca de la solidez del caso.De entrada, hace más de un año que prescribió el delito del que se le acusa. Pero también, nos comentan, Gloria jamás formó parte del consejo de Jaltrade -órgano que adquirió el inmueble- y no hay ninguna firma suya en el proceso de compra.Si ya reveló ayer México Evalúa que en Jalisco el 98.8 por ciento de los delitos no se castiga, ¿a poco con esos números adversos podrán procesar al ex funcionario y hacerlo parte de ese porcentaje mínimo de delitos castigados? Ya veremos.
