El flujo de migrantes procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador es creciente. México comienza a ser destino de muchos de ellos, mientras el Gobierno de Estados Unidos endurece su política. Nuestro país genera una cantidad cada vez menor de migrantes y, en muy poco tiempo regresarán más mexicanos de los que se marchan; habrá más inmigración. Las presiones encaminadas hacia México para que controle de mejor forma la llegada de los migrantes no son nuevas: a partir de los hechos del 11 de Septiembre, la administración del presidente Bush planteó mecanismos de colaboración para fortalecer la Frontera Sur de México. La pretensión ahora es contener la ola de inmigración, pero, sobre todo, pretenden que se controle mediante el registro de todas las personas que ingresan al territorio mexicano. El argumento: que muchas de ellas están involucradas en acciones delictivas. Y aunque las amenazas son parte de un esquema de comunicación enfocada a producir dividendos políticos, no hay que confundirse, el tema es profundamente sensible para la seguridad de nuestros vecinos, más allá de las peticiones de asilo, en el fondo están los temas geopolíticos y militares; por eso, las amenazas son plausibles. Ante eso, nuestras autoridades han dado muestras de responsabilidad al atender el asunto con prontitud, lo primero ha sido revisar las medidas migratorias en la frontera con Guatemala y, por otra parte, el seguimiento de las caravanas, como el control de la incitación a violar la ley mexicana que algunos grupos promueven desde el exterior. Luego de meses en los que el tema se ha mantenido en los medios de comunicación, y en los que muchas ciudades los migrantes son parte de la vida cotidiana en las esquinas, han comenzado a aparecer signos de molestia en la opinión pública mexicana hacia la migración. Preocupa la polarización que se vislumbra, pues estudios demoscópicos indican que la mayoría de la población ha cambiado su punto de vista con respecto al tema en apenas pocos meses. Ahora, la mayoría rechaza el que se acepte a los migrantes de manera masiva y una tercera parte considera que el tema es una amenaza para la seguridad interior mexicana. Las autoridades migratorias no pueden pasar por alto el cumplimiento de la ley, para registrar, documentar y sistematizar la información de todas las personas que llegan. Para bien o para mal esa información posee un valor estratégico para nuestros vecinos y para nosotros mismos, no solamente por los asuntos migratorios, sino por la seguridad nacional de ambos países. Los mecanismos internacionales pactados para compartir esta información están en el centro del debate y son probablemente causa de las reacciones amenazantes de los últimos días. Abrir indiscriminadamente las fronteras para el ingreso ilegal de multitudes no puede ser una medida adecuada para los intereses de México. El manejo inteligente de la migración, antes considerado un asunto de política interna, es ahora tema central de la agenda internacional. Por ende debe ser resuelto aplicando la ley con estricto respecto a los derechos fundamentales de los migrantes. La realidad indica que muchos quienes se internan buscando llegar a Estados Unidos, terminan viviendo y trabajando en México, y qué bueno que así sea. Pero sin duda, por el bien de ellos mismos y de todos, es necesario que lo hagan de forma ordenada. México debe prepararse para ser en muy poco tiempo un destino de migraciones. Y no podemos hacer lo mismo de lo que nos quejamos de Estados Unidos, aplicando el tolete policial como norma, pero igual de injusto resulta dejar crecer el universo de personas ilegales en México. Como país expulsor de millones de migrantes nos corresponde proteger los derechos constitucionales de todos los que llegan y al mismo tiempo aplicar la ley. Hay una crisis humanitaria que se puede agravar si no hay un debido control de los procesos.
