La marcha del 26 de febrero sólo podrá ser considerada exitosa si se traduce en un cambio de paradigma y criterios de actuación de los partidos políticos. Es decir, en el corto plazo, por supuesto que lo deseable es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decrete la suspensión o definitivamente, el carácter inconstitucional de las reformas que en materia electoral ha aprobado el Congreso de la Unión en este 2023.Sin embargo, ese es sólo uno de los elementos fundamentales para nuestra democracia; otro, que me parece aún de mayor relevancia, pero que requiere del anterior de manera necesaria, es la generación de un quiebre en el monopolio y secuestro de las candidaturas por parte de las dirigencias de los partidos políticos, lo cual los ha colocado en niveles ínfimos de aprobación y confianza popular.En efecto, lo esperable después de la marcha es que esta misma semana las dirigencias de los partidos de oposición establezcan un compromiso real respecto de que, en primer lugar, se harán a un lado y, en segundo lugar, que renunciarán a la designación de candidatas y candidatos que no sean auténticamente ciudadanas y ciudadanos que estén libres de cualquier vínculo con grupos de interés ya sea, nacional o local.Quizá esta medida pueda parecer utópica, pero sería una de las pocas posibilidades que tiene nuestro país de regresar a una vocación profundamente democrática, dando cause a la formación de una nueva generación de líderes sociales capaces de arraigar la cultura democrática en nuestro país; defender auténticamente los intereses de la nación, así como garantizar el tránsito del presidencialismo vertical que se impuso desde 1917 y que se ha mantenido a lo largo de más de 100 años hasta nuestros días, en medio de peligrosas pulsiones autoritarias.Se trata de la construcción de nuevos liderazgos públicos que, con base en la autoridad intelectual y moral (ambas simultáneamente), permitan avanzar hacia el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en términos de garantizar elecciones libres y transparentes, con base en un sistema de partidos políticos competitivo y creíble.Lo anterior depende necesariamente de que esos nuevos liderazgos sociales, puedan construir gobiernos eficaces en el cumplimiento de nuestra Carta Magna, y hacer realidad el conjunto de principios y mandatos en materia de derechos humanos, primordialmente los económicos, sociales, culturales y ambientales, de los cuales depende la cohesión social y la cimentación de un sentido de pertenencia a una nación que es justa, incluyente y generosa con todas y todos.De manera preocupante, la exigencia de reconciliación, diálogo y democracia que hacen las actuales dirigencias de oposición al titular del Ejecutivo Federal, son poco creíbles, pues al interior de sus institutos políticos reproducen las prácticas que critican, descalificando e intentando incluso la aniquilación de la disidencia y posturas contrarias a las negociaciones, posturas y declaraciones públicas que emiten todos los días como representantes partidistas.Desde esta perspectiva, la marcha del 26 de febrero ha sido un éxito en el sentido de mostrar que sí hay una ciudadanía consciente de la relevancia de defender a la democracia y a sus instituciones.Pero su alcance corre el riesgo de convertirse en una mera manifestación multitudinaria de descontento en las calles, si no encuentra eco en una actitud responsable y con la altura de miras que exige nuestro momento a las dirigencias partidistas; las cuales, si asumen que esta marcha es un signo de respaldo a su trabajo, estarán contribuyendo al hundimiento del país en más mediocridad y en la posible antesala de nuevas formas de regresiones antidemocráticas.México no puede perder la oportunidad de construir una nueva cultura de civilidad política, en la que la disputa no sea por la defensa de intereses de facciones cuasi mafiosas, sino en torno a la mejor manera de cumplir y hacer cumplir la Constitución. La energía social ha quedado demostrada; la vocación democrática de millones es fehaciente. La palabra la tienen ahora, sin embargo, las dirigencias de los partidos políticos. Está por verse de qué están hechos.
