Hace una década, en julio del 2013, Lagos de Moreno ya se había conmocionado por una desaparición múltiple como la que ahora ha provocado tanta tristeza, dolor pero también rabia en las familias de Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Dante Hernández, Diego Alberto Lara y Jaime Miranda.Aquella ocasión, a los habitantes de este municipio de los Altos Norte los estremeció y llenó de zozobra la privación ilegal de la libertad no de cinco como ahora, sino de seis jóvenes: Ángel, Eduardo, José Gerardo, Daniel, Marco Antonio y Cristian Fabián.Desde aquel sábado 6 de julio del 2013 que fueron raptados mientras convivían en una reunión, sus padres, como todas las familias que padecen este, el más cruel de los delitos, han vivido “muertos en vida”.Ahora a ese desgarrador dolor hay que añadir la inenarrable saña que se ha visto en las fotografías y videos de este nuevo episodio que habla del proceso de deshumanización y la degradación social a la que hemos llegado por la negligencia y corrupción de los gobiernos que no han hecho nada para detener a los capos y sus sicarios, dejándoles el control de cada vez más territorios.Con aquella primera desaparición múltiple en Lagos hace una década, coincidió la publicación de un ensayo en la revista Nexos firmado por José Merino, Jessica Zarkin y Eduardo Fierro. “Marcado para morir” era el título y en él revelaban cómo los jóvenes varones entre 18 y 25 años de edad con educación máxima hasta secundaria, eran los que dominaban en el saldo rojo de la violencia que en ese momento se desbordó, y no ha parado de aumentar en nuestro país.En ese rango de edad y de escolaridad promedio están los jóvenes que desaparecieron en 2013, bajo los gobiernos priistas del finado Aristóteles Sandoval y Enrique Peña Nieto, y ahora en 2023, con la administración naranja de Enrique Alfaro, y con el Gobierno de la 4T de AMLO. Pero la disputa narca por la plaza ya venía desde hace al menos dos décadas. Ahí mismo en Lagos de Moreno, en el sexenio del panista Emilio González Márquez y del Presidente Felipe Calderón, había ya síntomas de descomposición como cuando en mayo de 2010, el entonces alcalde priista, José Brizuela, acusó a su antecesor panista, Francisco Torres, de aceptar sobornos del grupo delictivo de Los Zetas, y que prueba de ello, era el millón de pesos que les habían ofrecido para que los siguieran dejar operando en la zona, con todo y el sistema radio policial de la Comisaría de ese municipio que les habían dejado intervenir.Volviendo a la actualidad, hay también versiones de clérigos, políticos en campaña y funcionarios estatales que narran cómo no han podido llegar a Lagos a cumplir con sus responsabilidades, ya que patrullas de la Policía municipal les han impedido el paso bajo el argumento que “los que controlaban la plaza” no sabían de su llegada.Así, por años de complicidad policial e inacción y ausencia gubernamental, en Lagos, como en muchas otras regiones de Jalisco y del país, se ha impuesto “la marca de la muerte” que ahora ahuyenta y aterroriza no sólo a la sufrida población que ahí habita sino hasta a los más experimentados periodistas que por esta tragedia han llegado a ese municipio alteño convertido en una tierra sin ley. Dicen que huele tanto a muerte, que hasta las escenas del crimen quedaron ayer sin resguardo, porque ni los soldados, policías federales, estatales o municipales se atrevieron a desafiar a los “halcones del narco” que no dejan de circular en sus motos cuidando su territorio del que han expulsado toda autoridad del Estado mexicano.jbarrera4r@gmail.com
